CHETUMAL, MX.- Tras el embargo de seis vehículos de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) para cubrir un adeudo de 476 mil pesos con un empresario chetumaleño que interpuso un juicio mercantil contra la dependencia, y la supuesta existencia de pasivos por más de 72 millones de pesos, el diputado secretario de la Comisión de Justicia, Fernando Zelaya Espinoza, señaló que es obligación del nuevo titular de esa dependencia proceder legalmente contra sus antecesores.
El legislador exigió que se investigue el tema de los presupuestos que manejaron en la Cojudeq, ya que se tenían contemplados este tipo de gastos, por lo que los ex funcionarios deberán explicar ante las autoridades donde quedó este recurso.
Y es que el pasado lunes, el empresario chetumaleño Abel Monsreal Rodríguez, ejecutó el embargo de seis vehículos de ese organismo del Deporte por un adeudo de 476 mil pesos por concepto de renta de fotocopiadoras y adquisición de insumos, que desde 2013 se contrajo y nunca se pagó por la omisión de los directores que estuvieron durante la administración de Roberto Borge Angulo, como fueron Normando Medina Castro, Martín Cobos Villalobos y Raúl Aguilar Laguardia.
Zelaya Espinoza, aseguró que el área jurídica de esa institución debe dar a conocer los pormenores de esa demanda, “si hubo o no respuesta y los motivos por los cuales no se le dio seguimiento a la querella”.
“Existe responsabilidad por parte de un grupo de funcionarios por acción u omisión, se deberá buscar a los responsables y sancionarlos”, sentenció.
El diputado rechazó que sirva de algo llamar a comparecer a algún ex titular del Deporte del estado. “No podemos citar a quien ya salió del cargo, seguramente se podrá citar al titular actual para que nos indique el panorama real de esa institución”, precisó,
Por último, señaló que es obligación del actual titular, Antonio López Pinzón, de proceder legalmente ante la instancia jurídica correspondiente, empezando por una responsabilidad administrativa, y en el caso de que la autoridad determine irregularidades de tipo penal, de inmediato acudir ante el ministerio público para demandar al o los funcionarios que sean señalados como culpables. (Fuente: Política Quintana Roo)