Por Hugo Martoccia
La Auditoría Superior de la Federación ( ASF ) podría obligar al gobierno estatal a devolver al menos 410 millones de pesos por irregularidades en el manejo de recursos federales durante los primeros años de la administración de Roberto Borge.
De acuerdo al último informe público que la ASF entregó a la Cámara de Diputados de la nación sobre las observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, la anterior administración estatal también dejó un pendiente de más de 150 millones de pesos de recursos federales que fueron aplicados de manera irregular, sin la comprobación documental requerida, o que directamente no fueron aplicados a programa alguno.
La cereza del postre la conforman alrededor de 600 mil pesos de “pagos improcedentes” a personal que no acreditó el perfil académico necesario en él área de salud y educación.
En todos los casos, se trata de recomendaciones o solicitudes de información que la ASF realizó en un informe fechado a fin de marzo pasado, y que se refiere a las cuentas públicas hasta 2014. La multiplicación de hechos similares durante 2015 y 2016, algunas de las cuales han sido dadas a conocer por el Congreso local, dan cuenta de la magnitud del posible daño económico al estado por las irregularidades en el manejo de los recursos públicos durante el gobierno de Roberto Borge.
De acuerdo al citado al informe, las dos mayores irregularidades del gobierno pasado tienen que ver con fondos destinados a centros de educación.
En uno de los casos más importantes, las ASF pide que el Gobierno de Quintana Roo “aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria” por un monto de 308 millones 889 mil 281,92 pesos, por concepto de “no acreditar las erogaciones realizadas” con cargo a los recursos de un fondo para centros y organizaciones educativas.
El informe aclara que “en caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la Federación”.
Lo mismo sucede con 100 millones 291 mil 88,37 pesos por “recursos y rendimientos financieros” del Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación 2014, que no fueron transferidos por la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado a los entes ejecutores.
Un caso similar ocurrió con 21.3 millones de recursos del Programa de Fortalecimiento de Infraestructura de Unidades Médicas, por pagos realizados sin evidencia de que estos hayan sido autorizados por la autoridad federal.
El informe también consigna millonarios gastos sin comprobación. Por ejemplo, 69.9 millones del Fondo de Aportaciones Múltiples; 30.9 millones de Fondo para Seguridad Pública; 23.9 millones del Seguro Popular; 19.3 millones de programas educativos, y 4.6 millones del Fondo de Infraestructura Social, entre otros.
Incluso, el gobierno anterior se tomó la licencia de pagar 543 mil 203 pesos de fondos para la salud a personas que no pudieron acreditar el perfil académico para sus cargos, y de no entregar recursos destinados a la lucha contra el cancer.
La ASF también realizó múltiples recomendaciones por irregularidades en programas de Seguridad Pública y Turismo.