Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras reconocer que con la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública heredada de las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, “compromisos financieros “prácticamente impagables”, la actual administración la asume como propia, porque la observan desde el punto de vista institucional, el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, confirmó que el estado pagará 14 mil 878 millones de pesos por concepto de intereses por el uso de los sistemas financieros.
Durante una conferencia de prensa que inicio una hora con 40 minutos tarde, con el argumento de que se encontraban preparando la entrega del paquete fiscal 2017 al Congreso del Estado, Vergara Fernández reconoció que todo uso del sistema nacional financiero tiene un costo. Buscar en estos momentos que las tasas de interés que se pagan en estos momentos, más bajas y por más tiempo, representara un pago de intereses mayor.
“Por los últimos cinco años no son 20 mil millones, tenemos identificados 14 mil 878 millones de pesos por concepto de uso de servicios financieros”, enfatizó.
Aclaró que de no implementar esta estrategia de refinanciamiento y reestructuración para el siguiente año estarían en quiebra aunque por el momento el margen de acción es escasa y se están solucionando problemas de proveedores.
Dijo que es necesario ampliar el plazo para disminuir el porcentaje de la tasa de interés que dará un respiro económico por 600 millones de pesos anuales que significa poder seguir funcionando.
Cuestionado sobre las demandas contra ex servidores públicos, Vergara Fernández recordó que fue compromiso del gobernador Carlos Joaquín González de aplicar auditorias a la deuda pública y que como resultado de esa auditoría se interpondrían las denuncias correspondientes y las autoridades correspondientes serán las encargadas de aplicar la ley.
“Sabemos cuánto se contrato pero no sabemos a dónde se dirigió la aplicación de esos recursos de la deuda”, señaló.
El secretario de Finanzas indicó que al asumir reestructurar la deuda pública asumen la responsabilidad de solucionar el problema económico del Estado de Quintana Roo, pero lo que no significa que las personas responsables de hacer esas contrataciones dejen de tener esa responsabilidad y serán las autoridades competentes las encargadas de fincar responsabilidades con las pruebas contundentes.
Reconoció que de continuar con el pago de los intereses actuales para el 2017, el Estado estaría en quiebra financiera.
En la conferencia de prensa, el subsecretario de Sefiplan, Jaime González Cetina, reconoció que no será sino dentro de un año que se obtengan datos sobre los beneficios de este proceso de reestructuración y refinanciamiento. aunque explico que, de acuerdo con el refinanciamiento y reestructuración realizado en noviembre del 2014, la deuda percapita es de 13 mil 058 pesos por habitante; la deuda a participaciones representa el 251.5 por ciento respecto a las participaciones del estado contra de la media nacional que es del 80.4 por ciento.
Además, dijo que la deuda a Producto Interno Bruto es del 8.1 por ciento contra la media nacional que es de 2.9 por ciento; la deuda a ingresos totales es del 94.6 por ciento contra la media nacional que es de 33.2 por ciento; el plazo promedio ponderado de Quintana Roo es de 15.4 años contra entidades como Coahuila que es de 20.3 años y Nuevo León que es de 20.1 años; la tasa de interés promedio ponderado es de 7.7 por ciento contra el 5.8 por ciento de la media nacional al segundo trimestre de 2016;
Explicó que el estado recibió un pasivo circulante a septiembre de dos mil 723 millones de pesos con cero deuda bancaria que se resume en deuda a proveedores, contratistas y terceros institucionales; el déficit fiscal con ingresos de libre disposición a diciembre de 2015 era de mil 851 millones de pesos y se estima que para 2016 se cierre con un déficit fiscal con ingresos de libre disposición por mil 270 millones de pesos.
Vergara Fernández recordó que de los 12 contratos de crédito a largo plazo que tiene el estado hay algunos firmados a 25 años como es el caso de Banobras, otros a 20 años como con Banorte, Bansi e Interacciones, otros a 15 años como es el caso de Multiva y otros a 12 años como es el caso de HSBC.
Afirmó que el estado busca sanear sus finanzas a través de la obtención de mayores plazos, que los ingreses aumenten y mejoren las calificaciones de las agencias calificadoras de crédito “esto es que en el corto plazo se fortalezcan las finanzas públicas estatales privilegiando atender el gasto con los recursos de libre disposición y dejando atrás las prácticas nocivas de apalancamiento”.
Vergara Fernandez afirmó que se ha mal informado a la sociedad quintanarroense respecto a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública “y por eso la sociedad ha estado molesta. Por eso les pido ayúdenos a informar con responsabilidad. Ahora resulta que muchas personas que nos han criticado muy fuerte conocen los datos que solo nosotros tenemos y manejamos “.
Ese costo político no significa que no tengamos el derecho constitucional de manifestarlo a los ciudadanos siempre hablando con bases solidas información verdadera y con la documentación enfatizo. (Noticaribe)
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