Como muestra la ilustración, tomada del portal argentino de Internet Intolerancia, la libertad de prensa no se limita a poder escribir lo que se nos antoje, sino tiene un gran número de aristas, como la imparcialidad, la objetividad, veracidad, profesionalismo, transparencia y otras más. Ello hace que, como publiqué este miércoles 16 de noviembre en mi columna Escrutinio, la relación entre el gobierno y la prensa resulte un asunto delicado y espinoso.
Y es que tan condenable resulta que la autoridad hostigue, persiga y reprima a los periodistas y los medios de comunicación para impedir que publiquen información crítica o desfavorable a ella, como destinar dinero del erario para comprar noticias y opiniones favorables. Ambos extremos constituyen en última instancia formas de censura y privan a la comunidad de su derecho a recibir información real y objetiva.
Esta reflexión viene a cuento con motivo de lo que está ocurriendo en Quintana Roo, donde tras el cambio de gobernador, diputados y presidentes municipales, se han publicado listas de medios informativos y de periodistas que recibían dinero —en algunos casos muy gruesas sumas— del gobierno de Roberto Borge y de varios ayuntamientos. Ello ha llevado a una polarización de puntos de vista sobre el particular: por un lado, hay opiniones en el sentido de que el gobierno no debe pagar un solo centavo por publicidad oficial. Por el otro, hay quienes dicen que privar a los medios de tal publicidad es una manera de ahogarlos y someterlos. Y no han faltado quienes afirman que la publicación de las listas arriba mencionadas expone al desprestigio y la vergüenza pública a los periodistas.
Mi muy personal punto de vista es que ni se debe negar tajante y absolutamente la publicidad oficial a los medios, ni —mucho menos—, otorgarla con tal munificencia que constituya el único o casi único sostén económico de diarios, revistas y estaciones de radio y televisión, porque en tal caso se convertirían en simples apéndices del gobierno y perderían su independencia y credibilidad. Puede y debe haber publicidad oficial, dado que las entidades públicas requieren informar sobre ciertas cuestiones. Pero esa publicidad debe manejarse con absoluta claridad y transparencia. Los contratos entre los distintos niveles de gobierno y los medios de comunicación deben ser públicos, a disposición de cualquier persona u organización que desee consultarlos, y en ellos especificarse sin ambages ni vaguedades cuáles son los compromisos, responsabilidades y obligaciones de ambas partes.
Por supuesto, esto no implica que toda información proveniente del gobierno deba publicarse previo pago. Ello también es noticia, y darlo a conocer forma parte de las obligaciones y responsabilidades de los medios de comunicación de mantener a sus lectores y a su audiencia debidamente informados sobre lo que las autoridades hacen.
La revista Contenido, de la cual fui redactor por muchos años, tenía una norma muy clara al respecto: los reportajes pagados por alguna empresa o institución pública para promover su imagen o sus productos o para informar sobre algo que considerara importante, se publicaban marcados como publirreportajes. Es decir, reportajes publicitarios. Eran trabajos periodísticos hechos con toda seriedad y calidad profesional para que los lectores los encontraran atractivos, pero se dejaba muy claro su origen, para no engañar a nadie.
Creo que en estos tiempos de cambios políticos es conveniente establecer una relación clara y abierta entre gobierno y medios de comunicación, una relación que no se preste a suspicacias o malos entendidos y lo bastante transparente para poder ser sometida al escrutinio de la ciudadanía.
