El taxi pirata será considerado como delito en Quintana Roo, propone Emiliano Ramos
Con el fin de erradicar el problema de los taxis y transportes “pirata”, el diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta e integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso considerar dicha actividad como delito en Quintana Roo, con sanciones que van desde los 2 a 5 años de prisión y de 30 a 150 días de multa.
En la sesión ordinaria número 32, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero y ante un salón de sesiones repleto de taxistas de los diferentes sindicatos de choferes de todos los municipios de la entidad, el Pleno del Congreso del Estado dio entrada a esta iniciativa para sancionar a quienes prestan el servicio de transporte público sin contar con las concesiones, permisos y/o autorizaciones correspondientes, expedidas por la autorización competente.
La propuesta del diputado Ramos Hernández consiste en adicionar al Código Penal del Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo Penal del Estado de Quintana Roo, en la Sección Cuarta, el Capítulo VI Bis, del Título Primero, con la denominación Delitos contra la Prestación del Servicio Público de Transporte, así como el Artículo 204-Ter.
Ramos Hernández explicó que si bien la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, establece una serie de sanciones administrativas para el caso de inobservancia de dicha ley, éstas no han sido suficientes para erradicar el problema de los “taxis pirata” y “transporte pirata”.
En la misma sesión, que se prolongó por más de tres horas, se aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Hacienda, al Código Fiscal, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, todas del Estado de Quintana Roo.
Además, se aprobó la nueva Ley del Impuesto a las Erogaciones en Juego y Concursos del Estado de Quintana Roo.
Cabe mencionar que el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, que proponía combatir la evasión fiscal de las empresas llamadas “pagadoras” u “outsourcing” que prestan servicios en territorio quintanarroense pero fiscalmente se encuentran domiciliadas en otras entidades, fue desechado por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes obtuvieron la mayoría de votos, en contra de la aprobación en lo general.
El Pleno Legislativo aprobó un exhorto dirigido al titular de la Fiscalía General del Estado, presentado por la diputada Eugenia Solís Salazar, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones implemente las acciones que resulten necesarias a efecto de que el personal de sus unidades de atención temprana, brinde atención de calidad y con sensibilidad a las mujeres víctimas de violencia.
Finalmente, se aprobó exhorto propuesto por la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, dirigido a los ayuntamientos de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Tulum, Cozumel, Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas; al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Quintana Roo y al Titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades realicen las acciones urgentes y necesarias para cumplir con la norma oficial mexicana NMX-R-003-SCFI-2011 “Escuelas-selección del terreno para construcción-requisitos”.
El objetivo del exhorto, es que las nuevas escuelas de Quintana Roo puedan contar con terrenos con espacios suficientes y adecuados que ofrezcan a la comunidad educativa las condiciones de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia que permitan otorgar una educación de calidad. (Noticaribe)
