Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- Una vez más el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se ve involucrado en la venta de terrenos de manera irregular, en este caso se trata de cinco hectáreas dentro de las que se encuentran las Villas del extinto CREA, que hace dos años tenían un valor de mil dólares el metro cuadrado y se remataron en mil 800 pesos a una sociedad que se ha visto relacionado con el senador Félix González Canto, involucrando además a la administración de Paul Carrillo por permitir sin sustento la extensión de hectáreas.
El abogado Héctor Pérez Rivero, quien estuvo acompañado por dos abogados más de la firma Pérez Rivero Corporativo y por Gaspar Paredes, socio de la marina Chac Chí, explicó que la denuncia directa es por la enajenación de bienes inmuebles a favor de la sociedad “Caveri Servicios Inmobiliarios”, obtenidos a través del Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) luego de la desaparición del fideicomiso que estaba a cargo, por aproximadamente 38 millones de pesos, apenas el cinco por ciento de su valor, según las estimaciones.
“Cuando desapareció el fideicomiso nunca se hizo una tramitología a través del Congreso del estado para apropiárselo y posteriormente cuando lo vende; tampoco existió subasta pública, fue una adjudicación directa la que se realizó (en 2014 se extendieron los títulos de propiedad) y posteriormente aumentaron la superficie del inmueble a través de una rectificación de medidas y colindancias, apoyado por el municipio de Benito Juárez (durante 2014 y en donde como representante encargado de catastro aparece Heyden Cebada)”, como representante legal aparece Anuar Fayad Hassan
La rectificación de un predio, detalló, puede ser de algunos metros, pero no de dos hectáreas más como se hizo en este caso, u esto que se pagaron cerca de tres mil metros cuadrados y el cambio lo incrementó a más de cinco, luego de que protocolizaron el oficio que les dio el municipio con la ayuda del notario número 8 para inscribirlo en el registro público y es justamente esta extensión la que afecta a la Marina Chac Chí.
En este sentido dio a conocer que el daño directo es a los empresarios que conforman las cooperativas, de la que dependen más de 200 familias, que ha estado trabajando desde 2001 con zona federal concesionada y que realizó un contrato de arrendamiento con la Cojudeq, por lo que debieron ser informados desde antes de que se hiciera el proceso de compra, de lo que se enteraron hasta mediados de este 2016.
“Fueron personas de la empresa Caveri con violencia, camiones. Personas con machetes y palos, quisieron tomar a la fuerza las instalaciones, mencionando que ya habían comprado los terrenos y nos dimos a la tarea de interponer un juicio de interdicto para retener la posesión, porque empezaron a colocar la malla y un muro para impedir el acceso de los clientes, incurren en un delito de despojo porque la posesión se tenía y si compraron en esas condiciones sabían que había un contrato pendiente (con vigencia hasta 2021) y derecho del tanto”, agregó.
Luego de esta denuncia por intento de despojo y el juicio de interdicto, el juez de primera instancia dio la razón, dando una prevención, un apercibimiento, a los empresarios de Caveri, para que dejaran de perturbar la posesion del terreno, pero en la apelación el magistrado Ángel Quintal Quintal (quien también ha sido denunciado en diversas ocasiones por ser operador tanto de a Borge Angulo como de González Canto) no valoró ninguna prueba y resolvió a favor de Caveri.
Fue allí cuando a e interpuso un amparo por invaloración de pruebas, por lo que consideraron además que el actual gobierno del estado tendría que demandar el juicio de nulidad absoluta de dicha venta, por el daño directo al patrimonio del estado.
La suspensión a Caveri para intervenir se mantendrá hasta que se resuelva el juicio de amparo, que se estima sean cerca de seis meses, por lo que solicitaron al gobierno del estado su intervención y resolución del conflicto. (Noticaribe)
Revelan que Borge hizo venta irregular de predio a empresario ligado a González Canto
CANCÚN, MX.- El litigio por la posesión de una marina puso al descubierto la venta irregular de un albergue para jóvenes de escasos recursos –ubicado frente a la playa en la zona hotelera de esta ciudad– que hizo el exgobernador Roberto Borge a un grupo empresarial ligado al senador Félix González Canto.
Este entramado, que involucra también al exalcalde de Cancún Paul Carrillo salió a flote cuando un grupo de golpeadores pagados por la sociedad Caveri Servicios Inmobiliarios, de Ricardo Vega, pretendió apoderarse del predio de la marina Chac-Chi, colindante con las “exVillas Juveniles del CREA”, abandonadas en el sexenio de González Canto y administradas por el Consejo Estatal para la Juventud y el Deporte (Cojudeq).
Ocurrido en agosto pasado, en el ataque el grupo de golpeadores no logró apoderarse de toda la marina propiedad de Gaspar Paredes Cardeña, pero sí de un pedazo del terreno el cual cercaron y dejaron bajo el cuidado de guardias.
Marina Chac-Chi presentó un interdicto por la posesión del predio y lo ganó en primera instancia, pero fue revertido por el magistrado de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil de Cancún, Argel Ysidro Quintal, quien llegó al Tribunal Superior de Justicia del estado dentro del llamado “Paquete de impunidad”, aprobado por la anterior legislatura a iniciativa del exgobernador Roberto Borge.
Durante el juicio, Caveri Servicios Inmobiliarios presentó como prueba a favor dos de las tres escrituras de la adquisición de las “exVillas Juveniles” al Instituto de Patrimonio del Estado (Ipae), el 2 de abril de 2014.
De hecho, el IPAE es señalado como uno de los principales ejes de la corrupción de la administración de Borge Angulo.
El pasado 15 de noviembre, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, dio a conocer que interpuso las primeras denuncias contra el exmandatario por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del Ipae.
Las denuncias fueron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, contra el exgobernador –quien además presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario– y la exdirectora del organismo, Claudia Romanillos Villanueva.
La venta
En conferencia de prensa, el abogado Héctor Pérez Rivero presentó los documentos de la venta de las “exVillas Juveniles del CREA” –divididas en tres lotes– a Caveri Servicios Inmobiliarios y que en total suman dos hectáreas a razón de mil 900 pesos el metro cuadrado.
En aquella época, apuntó, el metro cuadrado costaba mil dólares y ahora vale mil 200 dólares en esta parte de la zona hotelera.
Y subrayó: “Lo vendieron a una quinta parte de su valor”.
Pero además, Caveri Servicios Inmobiliarios recibió el año siguiente una fracción adicional de terreno por parte de la Dirección de Catastro del ayuntamiento de Benito Juárez, en Cancún.
En julio de 2015, el entonces director municipal de Catastro, Heyden Cebada –bajo la alcaldía del priista Paul Carrillo– otorgó a Caveri la rectificación de colindancias en dos de los tres lotes que forman toda el área de las “exVillas Juveniles”.
Con este trámite, agregó el litigante, no sólo reafirman la venta, sino que además les “regalan otras dos mil metros cuadrados” pues las mediciones no corresponden a las que amparan los títulos de propiedad.
En el primer lote, la superficie escriturada originalmente fue de mil 990.75 metros cuadrados, pero el Catastro municipal le avala dos mil 162.23 metros.
El segundo era de tres mil 905.25 metros cuadrados y les fue ampliado de manera irregular a cinco mil 702.90 metros.
De acuerdo con el litigante, los oficios de certificación de medidas y colindancias fueron formalizadas por el notario público 8, José Arjona Iglesias, que recibió su patente como fedatario en el sexenio de Félix González.
También destacó la vinculación de González Canto con Ricardo Vega, cuyo principal negocio en Cancún son las gasolineras que se expandieron en el sexenio del ahora senador.
Pérez Rivero indicó que corresponderá al actual gobierno de Carlos Joaquín iniciar los procesos para recuperar el inmueble de las “exVillas Juveniles del CREA”.
Este lunes, al darse a conocer siete nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra exfuncionarios de tres secretarías y una paraestatal de la anterior administración, el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, dijo que la corrupción en la gestión de Roberto Borge “no sólo fue de manera generalizada, sino de también organizada”. (Fuente: Proceso)