Una andanada de malas noticias podría sacudir el extenso periodo vacacional de Roberto Borge. La Procuraduría General de la República (PGR) ya tiene todos los elementos para asegurar 875 hectáreas de tierras públicas vendidas por el ex gobernador. El gobierno estatal, además, tiene en sus manos 14 nuevas denuncias contra Borge y sus funcionarios.
Y eso no es todo. Quizá la peor noticia es que dos hombres muy cercanos al gobernador Carlos Joaquín González ya iniciaron las investigaciones sobre el programa “Basura por Alimentos”, y también sobre la ejecución de Isaías Capeline, el director de Gobernación de Roberto Borge. Todos los temas conducen a un mismo final, que parece a estar a unos pocos meses de distancia.
Estos asuntos están ligados a una matriz de corrupción que la nueva administración encontró enquistada en el gobierno. Las balas contra la oficina de la Fiscalía en Cancún continúan siendo, para el gobierno, una reacción de ese grupo político, asediado por el desprestigio y la justicia, contra un destino que parece inevitable.
Ante la insistencia de las preguntas, el gobernador bajó una línea a todos sus colaboradores: “No hay ningún acuerdo posible; seguimos investigando todo”, dijo. Algunas dudas habían ganado a su gente por las demoras en esas investigaciones. Son los tiempos de la justicia, les dijo el gobernador, pero más temprano que tarde la justicia va a llegar.
Para cumplir esa palabra se inició la investigación del programa Basura por Alimentos, en el cual los ciudadanos cambiaban basura reciclable por una despensa. El gobierno se encontró con que no hay licitaciones de las compras de comida ni se conoce el destino de la basura que se entregaba a cambio. Por lo que sabe hasta hoy, era una suerte de carrusel donde la basura entregada por los ciudadanos volvía más tarde, pero en manos de operadores del propio gobierno. Un negocio redondo por donde se lo mire.
De esos temas ya hay mucho material. A las siete denuncias ya presentadas por ventas ilegales de tierras públicas y desvío de recursos, se sumarán en breve otras 14 que incluyen también desvíos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y en la Secretaria de Desarrollo Rural e Indígena. Los números involucrados, entre todas las denuncias, se suman en miles de millones de pesos.
El golpe inminente, espera el gobierno, es que la PGR decida asegurar 875 hectáreas de alta plusvalía vendidas por el gobierno anterior a precios irrisorios. La distancia entre el precio de venta y el valor comercial es de 2000 millones de pesos. Pero ese número se puede duplicar si se toman los valores reales de venta en esas zonas del estado. De ese tamaño fue el desfalco, que incluye casi 8500 hectáreas más.
Hay cierta morosidad de la PGR en sus actuaciones. En el gobierno, sin embargo, ven que la lenta retirada del salinismo del gobierno de Peña Nieto podría dejar sin protección al ex mandatario estatal. Una señal interna les dice lo mismo: han notado, en los últimos días, que el ímpetu de Félix González Canto por moverse y operar contra el gobierno ha cedido.
La investigación por la ejecución de Isaías Capeline es otra cosa. En el gobierno consideran que es la línea en la cual la corrupción del pasado gobierno cambió de nombre, y se convirtió en algo más peligroso, profundo y denso. “Todo pasa por ahí”, se le escuchó decir al gobernador.
El ataque a la Fiscalía parece haber generado un quiebre en la formas de operar de Carlos Joaquín. Alguna intuición, o una profunda memoria genética o familiar, le habrá hecho entender que no hay posibilidad de un arreglo sano con los principales actores del pasado inmediato, que son además la contraparte de viejas rencillas insulares sin solución.