Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aun cuando se han hecho las visitas y peticiones, así como las capacitaciones correspondientes, por lo menos el 40 por ciento de los 105 sujetos obligados han mostrado renuencia a transparentar sus funciones, así como el manejo de sus recursos e incorporarse a los nuevos lineamientos, reconoció el comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Orlando Espinosa Rodríguez.
Aunque aclaró que el 60 por ciento restante reporta como cumplido tal obligatoriedad, ninguno lo ha hecho al cien por ciento.
Recordó que tras las reformas a la Ley de Transparencia, en estos momentos no sólo las dependencias de gobierno tienen que contar con una Unidad de Acceso a la Información sino también sindicatos, universidades, partidos políticos y demás organizaciones que reciben financiamiento público.
Espinosa Rodríguez señaló que después del 5 de mayo, fecha establecida como límite para cumplir con la Ley de Transparencia, el IDAIP comenzará a realizar supervisiones e iniciaría procedimientos administrativos y legales a quienes no hayan cumplido.
Explicó que La Ley Estatal de Transparencia en sus 2 últimos capítulos estipula las medidas de apremio y sanciones a las que serán acreedores los sujetos obligados que incumplan. La medida de apremio que aplicaría el IDAIPQROO consiste en una llamada de atención o un regaño.
Sin embargo, también pueden aplicarse sanciones como inhabilitación o multas económicas para los responsables de no cumplir la ley, las cuales van desde los 150 a mil 500 salarios mínimos, aunque esta decisión depende del superior jerárquico de la misma dependencia a través de su Contraloría Interna, previo el desahogo del procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente.
Aseguró que no se otorgarán prórrogas a los sujetos obligados que no cumplan en tiempo y forma.
Explicó que la Secretaría de Finanzas y el Congreso del Estado entregaron una relación de sindicatos, organizaciones civiles, universidades y partidos políticos que reciben recursos públicos al ser los nuevos sujetos obligados a transparentar su información. (Noticaribe)