Por Hugo Martoccia
El debate sobre la anterior administración estatal, encabezada por Roberto Borge, hasta hoy se ha centrado en la corrupción. Sin embargo, su gobierno también fue ineficaz. Entre las peores herencias en ese sentido sobresale una importante baja en los ingresos de los trabajadores quintanarroenses y en el poder de compra de los ciudadanos.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de La Política de Desarrollo Social (Coneval) entre 2010 y 2015 el poder de compra de los asalariados del estado bajó un 14.43 por ciento. Los datos surgen de un indicador que evalúa los ingresos laborales deflactados respecto al valor de la canasta básica.
Los números concretos dicen que el ingreso laboral de cada ciudadano, con respecto al valor de la canasta básica, pasó de un promedio 2 mil 474.22 pesos en 2010 a 2,117.12 pesos en 2015.
Los datos son realmente preocupantes, porque se dan en un contexto de constante crecimiento económico en el estado, así como de crecimiento turístico. Solo por poner un ejemplo, entre 2010 y 2015 el número de turistas extranjeros que ingresó a Quintana Roo aumentó un 41 por ciento.
Se pasó de 7.52 millones de turistas, a 10.63 millones. Más de tres millones de nuevos turistas, con todo lo que eso significa en infraestructura turística, empleos y derrama económica. Y sin embargo, los trabajos que se crearon fueron cada vez de peor calidad.
La baja en la remuneración de los trabajadores no fue solo con relación a su poder de compra sino también en términos absolutos. Según datos del gobierno del estado, “al cierre del cuarto trimestre de 2010 los quintanarroenses registraban un ingreso laboral per cápita real de 2 mil 654.92 pesos, mientras que al cierre del cuarto trimestre de 2015 el salario fue de 2 mil 288.02, hecho que representa una reducción del 6.62%”.
Esos datos son parte incluso del Plan Estatal de Desarrollo, en el cual se expresa que “los bajos salarios percibidos por los trabajadores de la entidad en los últimos años contribuyeron al detrimento de los niveles de bienestar socioeconómicos de la población, marginando a los sectores más vulnerables de servicios como el acceso a la salud, la educación, agua potable, y electricidad, así como el incremento del hacinamiento en las viviendas y la falta de equipamiento para el desarrollo de una vida plena de sus residentes”.
Lo más importante de esto es que no se trató de un hecho aislado, sino de una política deliberada, cortoplacista, que puso toda su atención en el turismo y permitió generar cada vez condiciones más precarias en el ámbito laboral.
Según datos oficiales, desde 2008 no ha parado de crecer el número de trabajadores informales en el estado. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo destaca que a fin de 2015 el 48.2 por ciento de la población ocupada en el estado, lo hacía en el sector informal. Eso significa más de 370 mil trabajadores sin coberturas de ningún tipo.
Esa falta de protección al trabajador se nota también en la Junta de Conciliacion y Arbitraje. Según datos del actual gobierno estatal, durante el sexenio pasado ese organismo se hizo deliberadamente lento y torpe para obligar a los trabajadores a llegar a acuerdos extra legales con sus patrones, los cuales nunca están a la altura de lo que la ley exige.
Un dato que marca con precisión esa política es que entre 2010 y 2015 el número de acuerdos fuera de juicios entre las partes creció un 178 por ciento.
Como se ve, en la anterior administración no sólo hubo una matriz de corrupción, sino también un estado ineficiente o ausente que atentó contra la calidad de vida de la gente. (Noticaribe)