Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque aclaró que algunas denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República involucran el nombre de algunos servidores públicos, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, reconoció que han sido cuidadosos de no hacer imputaciones a personas específicas.
Señaló que hasta el momento las denuncias presentadas han sido por hechos “y los hechos de manera evidente se relacionan con las personas que intervienen en la materialización de los presuntos actos irregulares. “Hemos presentado las denuncias y corresponderá a la PGR y a la Fiscalía General del Estado realizar las investigaciones y determinar su presunta responsabilidad”, señaló.
El secretario de la Gestión Pública confirmó que el ex secretario de finanzas, Juan Pablo Guillermo Molina, ha sido llamado a comparecer, pero no se ha presentado, y que en algunos casos, como el del subsecretario de Finanzas, Luis Armando Hoil, que estaba al inicio de la administración, ya fue separado de su cargo derivado de los procedimientos de responsabilidad.
Asimismo, reconoció que algunos funcionarios del gobierno anterior pudieran ostentar un cargo en la administración estatal o municipal, pero eso no afecta el proceso de investigación.
Al ser cuestionado del caso especifico de Mauricio Rodríguez Marrufo, actual secretario general del ayuntamiento del municipio de Benito Juarez, Del Pozo Dergal señaló que la SEDUVI está sujeta a investigación con el propósito de deslindar responsabilidades por la enajenación de terrenos propiedad del Estado otorgando descuentos no autorizados por la ley.
Señaló que hasta el momento, por parte de la Secretaría de la Gestión Pública, se han presentado 14 denuncias derivado del proceso de entrega recepción y otros 200 de probables responsabilidades administrativas aparte de las que ha interpuesto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Del Pozo Dergal dijo desconocer la existencia de amparos por parte de ex funcionarios “y si los hay, corresponde a la autoridad competente analizar la legalidad del acto reclamado. Pero los ciudadanos deben tener la seguridad de que estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado para encontrar a los responsables”.
Sobre las amenazas, reiteró que el compromiso es firme “aunque hay que tomar los cuidados necesarios hasta llegar a las últimas consecuencias”. (Noticaribe)
