En las próximas horas, la fracción oficialista del Congreso del estado lanzará la ofensiva final en contra del titular de la Auditoría Superior del estado (Aseqroo) el priista Javier Zetina Gonzalez. Los diputados le exigirán al funcionario reabrir todas las cuentas públicas de 2015 aprobadas al vapor en el ocaso de la administración de Roberto Borge.
Esa orden, que el Congreso tiene la autoridad para emitir, será sin duda el inicio de la batalla política, jurídica y mediática más importante del gobernador Carlos Joaquín.
Los diputados aliados al gobernador esperan que el titular de la Aseqroo presente razones legales para negarse a ese pedido, o que, llegado el caso, aduzca falta de presupuesto para cumplir con la revisión total de esas cuentas públicas. Los legisladores no le perdonarán excusas, y presionaran legalmente hasta poner al funcionario borgista contra la pared.
La estrategia es simple: el Auditor deberá explicar porqué los desfalcos en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado o VIP Saesa, o las ventas de tierras públicas a precios viles por parte del Instituto de Patrimonio Estatal, o el desaseo total de la Secretaria de Finanzas y Planeación, por montos de miles de millones de pesos, no fueron nunca observados en sus auditorias.
De esa revisión deberá surgir la verdadera cara de Javier Zetina: o encuentra irregularidades y se inicia una fuerte avalancha legal contra los responsables del desfalco, o van contra el Auditor por incumplimiento de sus funciones.
A la par de ello, los diputados presentaron este lunes una serie de irregularidades que se encontraron en el proceso de nombramiento del Auditor. La premura por lograr ese nombramiento, en una sesión realizada en un hotel de la zona hotelera de Cancún, dejó algunas huellas.
Por ejemplo, nunca se verificó que Javier Zetina cumpliera con los requisitos de idoneidad para el cargo, que incluye cinco años de experiencia en encomiendas similares, ni tampoco se cumplió con el paso indispensable de que la terna final de candidatos al puesto fuera aprobada por el Pleno del Congreso.
La estrategia de los diputados abarca las dos visiones que coexisten en el oficialismo: una estrategia política y una jurídica con el mismo fin. Pero ese es solo el inicio. En el Congreso saben que se largan a esta dura batalla aquejados por otros conflictos.
Por ejemplo, en las últimas semanas se han convertido en el blanco predilecto de la prensa. En el Congreso no entienden porqué no reciben ayuda de nadie ante esta situación, que fue creada por un par de funcionarios estatales que decidieron revivir viejos acuerdos para sostener la desmesura de sus ambiciones electorales.
En esa búsqueda de protección mediática, dejaron sin red de protección a los diputados, que ahora deben enfrentar las presiones y las críticas. Fue el propio gobernador del estado el que pidió tener otra relación con la prensa, y son sus principales funcionarios los que están desconociendo esa orden. Debe decirse, también, que no es la primera orden del mandatario estatal que se pierde en esa maraña de intereses cruzados y contrapuestos que es su gabinete.
Al final, los ataques al Congreso le pegan directamente a la coalición de gobierno. Y un Congreso débil podría fracasar en esta batalla crucial contra el Auditor, y en otras muchas que deberá enfrentar.
Hay que entender de qué se trata. Si el oficialismo no logra quitar de su puesto al Auditor, sufrirá una derrota política de consecuencias impredecibles. Dentro de unos pocos meses, Javier Zetina González tendrá la autoridad de revisar la cuentas públicas de 2016, con un trimestre atribuible a las nuevas administraciones. Entre ellas, por supuesto, la del propio Carlos Joaquín.
Si ese día llega, el gobernador deberá convivir con el enemigo hasta en las mismas entrañas de su gobierno. Sería un caso inédito, conflictivo y potencialmente destructivo para la administración estatal.
A los diputados sólo les resta dilucidar una duda ¿Realmente en el vértice del poder se ve a ese grupo político como un enemigo? ¿O se trata de una visión política que los aliados no comparten?
Sufren porque quieren, si el procurador Escalera fue removido, porque este bandido no ?
Su hijo de nombre Javier Zetina, mejor conocido como JAVICHO, era el incondicional de Cinthia Osorio de Gongora y jefe de fiscales en el municipio de Solidaridad, era al mismo tiempo inspector de COFEPRIS y durante los tres años que fue jefe de fiscales nunca se presentó a COFEPRIS, pero si cobraba.
Por qué no es posible responsabilizar a su hijo por estas irregularidades ?
Por qué tenemos que aguantar a estos Pelanah´s sus robos ?
Por qué tenemos que permitir que sigan recibiendo un sueldo que no merecen ?
Por qué le falta valor a Carlos Joaquin para mandarlos investigar y enjuiciarlos ?
Por qué tanta promesa de campaña incumplida ?
Muchas preguntas y poca voluntad de llevar a la cárcel a los que a simple vista nos robaron.
Hasta parece que ya se arreglaron.
LO QUE SE VE, NO SE JUZGA.
Es cuanto :.
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