Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no dictó medida de seguridad alguna o clausura en contra del proyecto de la rueda de la fortuna que estaba construyéndose en Coral Negro, ya se analiza en que otro lugar podría colocarse, según señaló el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, afirmando que no se generó incertidumbre para nuevas inversiones.
“Nosotros siempre nos hemos caracterizado por dotar de las herramientas necesarias para generar inversión, atractivos turísticos, siempre y cuando salvaguarden la vida de todos los turistas que llegan y de todos los habitantes que están aquí”, afirmó.
Tras la visita que hizo Profepa a la zona se emitió un comunicado en el que se señaló: no haberse acreditado riesgo inminente de desequilibrio ecológico, tal y como lo establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), pero señalando la necesidad de presentar una manifestación de impacto ambiental en la modalidad de operación, es decir, que “no permitirá el inicio de su funcionamiento, hasta contar con la Manifestación de Impacto Ambiental que permita su operación”.
En este sentido, Estrada Barba dijo que se analizó la obra y están a favor de la inversión, de generar empleo y economía en el municipio, siempre y cuando se cumplan todas las normatividades legales que existan en el destino.
Y por ello, mencionó que ya se está en el proceso de ver dónde se podría reubicar esta rueda y que en ese sentido, el municipio sería el primero en impulsarla como un atractivo más para el destino, de entre muchos otros más que llegarán en este 2017.
Cabe recordar que hace apenas cinco días, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Benito Juárez colocó sellos de suspensión a dicha obra, de acuerdo al ámbito de sus facultades y competencias como en todo tipo de obra o construcción, luego de una inspección hecha por los servidores públicos de dicha área, al no presentarse los permisos correspondientes y se concedió a los propietarios un plazo de 15 días para acreditar la documentación.
Asimismo, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano dio a conocer hoy que no fue notificada del retiro de la estructura, aunque aclaró que los empresarios no están obligados por ley a avisar de dicha remoción, pues fue una decisión propia. (Noticaribe)
