Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Este jueves la Comisión de Justicia de la XV legislatura inicia el análisis de las solicitudes de juicio político interpuestas en contra de los tres magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, Victor Vivas Vivas, Vicente Aguilar Rojas y Nora Cerón, así como en contra del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima Carvajal.
El presidente de la Comisión de Justicia en la XV legislatura, Mario Villanueva Tenorio, aclaró que las sesiones de la comisión se realizaran a puerta cerrada por lo delicado de las pruebas que se presentan aunque cualquier diputado puede tener acceso a las sesiones de trabajo”.
Villanueva Tenorio consideró que será en el transcurso de la próxima semana que se tenga la resolución de la primera solicitud de juicio político interpuesto contra los magistrados del Teqroo y determinar si procede.
Explicó que en el caso de la solicitud de juicio político interpuesto por la consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, Claudia Carrillo Gasca, en contra del presidente del Teqroo, Vivas Vivas, y del magistrado Lima Carvajal, será analizado la próxima semana, así como también el interpuesto por el partido Morena en contra de Vivas Vivas.
Villanueva Tenorio aseguró que se apegará a derecho en la revisión de las solicitudes de juicio político. “Llevo más de 15 años luchando por la inocencia de mi padre, no puedo caer en injusticias e inventar pruebas y lo que se me presente será analizado por los diputados Ramón Padilla (Nueva Alianza), Fernando Zelaya (PAN), José Esquivel (PRD) y Juan Ortiz (diputado independiente) mas el apoyo del área jurídica del Congreso del estado”
Aclaró que en el caso del magistrado Lima Carvajal hasta el momento no ha recibido notificación alguna por parte del Tribunal Superior de Justicia y que la única información que conocen es por los medios de comunicación.
Sobre la responsabilidad de funcionarios al incurrir en la viiolacion de la ley de responsabilidades de servidores públicos, dijo que será el pleno del Congreso del Estado el que definirá en votación cuál será la sentencia que se le dicte
Lo más que podamos hacer es la inhabilitación, lo que significa retirarse del cargo y no poder desempeñarse en cargos públicos por unos 20 años. (Noticaribe)