Por Hugo Martoccia
CANCÚN, MX.- La crisis de seguridad pública en el estado, que vive quizá sus peores días, se ha venido gestando desde hace algún tiempo.
En la recta final de su administración, durante el año 2015, Roberto Borge ejerció apenas uno de cada cuatro pesos de un millonario fondo federal para seguridad, adjudicó de manera directa e irregular obras, e incluso compró equipamiento que no se instaló o que fue operado por personal no capacitado.
El informe de la Cuenta Publica 2015, que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demuestra, en el análisis a dos diversos fondos de seguridad, que ese gobierno sub ejerció fondos, e hizo un manejo irregular de contrataciones y controles.
El mencionado informe dice que al 31 de diciembre de 2015, el gobierno de Roberto Borge solo había ejercido el 26 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) que fue un fondo de casi 184 millones para ese año.
Eso quiere decir que a pesar de las enormes carencias en seguridad, la administración anterior solo ejerció en ese año 48.5 MDP.
El resultado de ese sub ejercicio y de otras irregularidades fue demoledor: de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, para fin de ese año solo se había alcanzado un 13.4 por ciento de los objetivos planteados. Inexplicable.
ADJUDICACIONES A DEDO
El poco dinero que se utilizó de ese fondo se hizo de manera irregular.
De acuerdo al informe de la ASF, al menos cuatro programas que requerían de contrataciones de obras y servicios por licitación, fueron entregados por adjudicación directa, sin que el gobierno justificara porque tomó esa decisión.
Entre éstos se encuentran el programa “Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos y Ejecutivos para el Nuevo Sistema de Justicia Penal”, de 4.2 MDP; la adquisición del sistema informático de gestión para la administración penal, por 4.3 MDP, y la “Encuesta Institucional” e “Informe Anual de Evaluación”, por un total de casi 1.2 MDP.
Todos fueron adjudicados de manera directa, y en todos los casos la ASF ha seguido el proceso administrativo para determinar si debe haber sanciones a los funcionarios involucrados.
A esto se le debe sumar el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza”, obra que una vez realizada la ASF detectó que “se encuentra operando con deficiencias técnicas en sus procesos constructivos, cuyas afectaciones se observaron en los muros de tabla roca, falso plafón y pisos; además, la entidad fiscalizada no presentó evidencia documental de las pruebas de calidad respectivas”. (Noticaribe)
