Por Hugo Martoccia
CANCÚN, MX.- La Seguridad Pública de Quintana Roo parece haber ingresado en la fase más crítica de su corta historia.
La alternancia en el poder, con todo lo que eso significa; el reacomodamiento y presión de grupos del crimen organizado; la inmovilidad de la Fiscalía General del Estado, y la decisión de hacer de la Seguridad Pública un negocio, que fue el sino del gobierno de Roberto Borge, y que ha sido heredado por el alcalde de Cancún, Remberto Estrada, son elementos que se combinaron para poner la situación en un punto crítico.
Hasta el día de hoy, la entidad ha sumado en el año casi 40 ejecuciones, lo que augura que en 2017 se llegará a una cifra récord. Sin embargo, no se trata sólo de un dato más. Una parte no menor de esas ejecuciones están dirigidas contra las propias fuerzas de seguridad locales, en una abierta confrontación de poder a poder.
Los ataques de esta semana contra policías en la Plaza Solare y en plena avenida Yaxchilán y Cobá, en el centro de Cancún, son apenas los rebotes del ataque al edificio de la Fiscalía General del estado en Cancún, en enero pasado.
Aquel día la ciudad vivió su propio infierno: al menos 12 motocicletas, docenas de sicarios disparando armas largas a plena luz del día, un lanzagranadas, y pánico y terror en la noche de Cancún.
Se trató de una situación que podría considerarse nueva en el estado, pero que se ha mantenido y comienza a hacerse costumbre: grupos del crimen organizado utilizan motocicletas para atacar a la autoridad, en cualquier lugar, y tienen tiempo para escapar sin que nadie los detenga.
En medio de estos datos duros los distintos órdenes de gobierno han dado sus respuestas, pero han sido insuficientes.
El incremento notorio de distintas fuerzas federales no ha inhibido al crimen. El aporte del gobierno de Cancún, el epicentro de la violencia desatada, ha sido insólito: se privilegió el negocio de arrendar 97 patrullas a una empresa que ya le había cobrado al municipio el triple de valor de mercado, antes que buscar respuestas reales.
Es un sistema ya utilizado por el ex gobernador Roberto Borge, como publicó hoy mismo Noticaribe. En ese sexenio, se realizaron compras irregulares de equipos para huellas dactilares o para trabajo de investigación forense, que ni siquiera se pusieron en funcionamiento. La misma matriz: el negocio antes que la gestión pública.
El aporte del actual gobierno estatal también ha dejado que desear. La gran apuesta fue una renovación en la procuración de justicia, mediante el cambio del Fiscal General. La salida de Arturo Álvarez Escalera, una herencia del borgismo, era necesaria, pero la llegada de Miguel Ángel Pech Cen no fue una solución. No se conocen avances serios en la investigación de ninguno de los casos que han sacudido al estado.
El empresariado estatal organizado dio hoy un primer golpe en la mesa. Pidió la renuncia del secretario de gobierno Francisco López Mena, porque no ha puesto en marcha un sistema inclusivo con todos los sectores para hacer un frente común contra la delincuencia.
“Hay vacíos de comunicación, gobernabilidad y coordinación entre los gobiernos”, se oyó decir a los empresarios. Un mensaje directo que busca llegar a varios oídos.
DESTINO ACAPULCO
Una de las constantes referencias que se escucha en voz del gobernador Carlos Joaquín es el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) que tiene diagnósticos bastantes precisos sobre las fortalezas y debilidades de los estados. Desde 2014 ese organismo viene advirtiendo sobre el destino de Cancún y la Riviera Maya si no se frena la corrupción y la violencia.
En su Índice de Competitividad Urbana de ese año, el IMCO recuerda la época de gloria de Acapulco, y cuál fue destino cuando la corrupción de todos los niveles invadió las entrañas de la ciudad.
“La muerte fue lenta, a golpes de pequeñas decisiones y negligencias cotidianas”, dice el informe.
“Como era inevitable, las catástrofes llegaron (…) la crisis de seguridad, más de 3000 homicidios entre 2011 y 2013, la extorsión a escala epidémica. Y la económica: la pérdida de turistas (sobre todo extranjeros). Entre 1988 y 2012 el flujo de pasajeros aéreos internacionales a Acapulco disminuyó más de 90%… Lo que le ocurrió a Acapulco, no tiene que sucederle a Cancún o a la Riviera Maya”, concluye el informe.
¿Podría suceder eso en Quintana Roo? Una parte del camino ya fue recorrida: la corrupción de los últimos años alcanzó niveles inéditos. Corrupción, dicho sea de paso, que se mantiene impune. Otro déficit de la Fiscalía.
Por el otro lado está la crisis de violencia, que repite lo sucedido en Acapulco. En el Plan Estatal de Desarrollo recientemente presentado por el gobierno estatal, se reconoce que existe una lucha de diversos grupos del crimen organizado, e incluso se habla abiertamente de la presencia de un “Cartel de Cancún”.
A ese cartel se le atribuye estar relacionado “con actores o grupos políticos locales que se dedican al tráfico de mercancías, personas (trata), piratería, comercio informal (ambulantaje) y narcomenudeo”.
También, se reconoce la presencia del Cártel del Pacifico y del Cártel Jalisco Nueva Generación, y se explica que “el Cártel del Golfo y Los Zetas no tienen una estructura clara y se hallan diseminados en distintas células criminales afines y en ocasiones antagónicas, como en el caso de Tamaulipas. En Quintana Roo se registran dos grupos vinculados con estas organizaciones: Los Sureños, relacionados con Los Zetas, y Los Pelones, célula afín al Cártel del Golfo”.
O sea, sí, estamos inmersos en una guerra.
¿LA SOLUCIÓN ES NEGOCIAR?
Semanas atrás, luego de la balacera en la Fiscalía de Cancún y en el Blue Parrot de Playa del Carmen, el obispo de la prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, dijo claramente que había que encontrar una salida negociada a la situación.
“Hay situaciones en que la violencia produce más violencia, y hay otras maneras de negociación y control, y de ejercicio de la autoridad, en donde puede asegurarse de una forma más serena y pacífica la seguridad y la paz de una sociedad”, dijo.
“Puede haber formas y maneras de que las autoridades logren que se respeten las vidas y el ambiente de seguridad y paz en una comunidad, y puede haber formas en que se provoque, y no hace falta provocar”, agregó.
En esos mismo días, el reconocido periodista mexicano Jorge Zepeda Paterson escribió una columna para el diario español El País, el más leído de habla hispana en el mundo, que tituló Cancún, plata y plomo.
Allí escribió: “El paraíso está en riesgo (…) Todo lleva a pensar que en el fondo se trata de un reacomodo entre el crimen organizado y el arribo de nuevas autoridades regionales desvinculadas de acuerdos y pactos anteriores”.
El periodista arriesgó una de las teorías posibles con respecto a esos ataques ocurridos en enero: “Los asaltos tienen el propósito de mostrar músculo y evidenciar la vulnerabilidad del Gobierno, para lograr así una negociación favorable”.
Y fue más claro aún: “para decirlo en plata pura, los arreglos que podrían haber existido entre los cárteles y el Gobierno anterior habrían quedado en el limbo (…) Para las autoridades se trata de encontrar un arreglo que minimice los escándalos y el daño colateral que entraña la delincuencia”.
La conclusión fue evidente: “no nos quepa duda, tarde o temprano las aguas regresarán a su cauce. El flujo turístico es sumamente vulnerable a las tragedias y escenas de sangre. Las autoridades no tienen manera de proteger una infraestructura que cuenta con 90.000 cuartos, miles de establecimientos y más de 100.000 visitantes en un día promedio. El Caribe mexicano aporta un tercio de los ingresos turísticos en el país y es la actividad que soporta la vida económica en esta región”.
Lo más increíble de esa versión, tan distante de lo óptimo, es que aparece como la solución más viable ante el baño de sangre y el descontrol. (Noticaribe)
