CANCÚN, MX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la reapertura de las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016 del Ayuntamiento de Benito Juárez, en tanto analizan y resuelven la controversia constitucional promovida por la administración del presidente municipal Remberto Estrada Barba.
El extracto del acuerdo de la SCJN establece que “se concede la suspensión solicitada por el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, en los términos y para los efectos precisados en este proveído”.
“La medida de suspensión surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superviniente”.
Según el documento, “se tiene como demandados en el presente asunto, al Poder Legislativo y al Órgano de Fiscalización Superior, ambos del estado de Quintana Roo, consecuentemente (…) deberá emplazárseles para que presenten su contestación”.
También se da vista a la Procuraduría General de la República (PGR), “con copia de la demanda y sus anexos, para que manifieste lo que a su representación corresponda”.
El presidente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, calificó de incongruente la decisión del Ayuntamiento de promover esta controversia, ya que recordó que el alcalde Estrada Barba, cuando fue diputado local, votó a favor de que se reabrieran las cuentas públicas del expresidente municipal de Benito Juárez, Julián Ricalde.
Los argumentos
Cabe recordar que el Ayuntamiento de Benito Juárez interpuso una controversia constitucional ante la SCJN en contra del Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, para evitar que el Congreso del estado reabra las cuentas públicas municipales de los años 2014, 2015 y 2016.
La síndico municipal, Mirna Karina Martínez, aseguró que esta pretensión del Congreso local “carece de cualquier motivación lógico-jurídica”.
La reapertura de las cuentas públicas está motivada por la presunción de que se cometieron daños y perjuicios en contra de la hacienda pública o el patrimonio del municipio; “sin embargo, no existe un razonamiento válido para volver a examinar dichas cuentas públicas, toda vez que han sido debidamente analizadas y solventadas las observaciones en tiempo y forma correspondiente”, aseguró la funcionaria.
La síndico municipal expresó que “es claro que esto deriva de un acto abusivo del poder fiscalizador, por referirse a ejercicios fiscales que ya han sido auditados, además de que dichas cuentas ya fueron aprobadas, tanto de parte de la Auditoría Superior como del Congreso del estado, aunado a que no existen pruebas que permitan sostener la imputación”. (Fuente: El Economista)
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