La Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz tiene abiertas tres carpetas de investigación por posibles actos de corrupción y el presunto desvío de casi tres mil millones de pesos , en contra de dos exvoceros de Javier Duarte: Gina Domínguez y el hoy diputado federal Alberto Silva Ramos.
De acuerdo con datos ministeriales a los que tuvo acceso Animal Político, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos comenzó las averiguaciones, derivadas tanto de observaciones en auditorías así como de denuncias interpuestas ante el Ministerio Público.
Una vez que concluya la integración de estas carpetas, se consignarán ante los jueces correspondientes pasa solicitar las órdenes de aprehensión que correspondan.
En una de las indagatorias, los fiscales tiene evidencia de al menos 2 mil 900 millones de pesos relacionados con supuestos gastos de comunicación y difusión de actividades del gobierno veracruzano, de los que no existe comprobación alguna.
Gina Domínguez fue coordinadora de comunicación social del gobierno de Javier Duarte del 1 de diciembre de 2010 al 20 de febrero de 2014. Alberto Silva lo fue en dos periodos, el primero del 21 de febrero de 2014 al 5 de enero de 2015, y el segundo de abril a octubre de 2016.
Otra de las indagatorias abierta por la Fiscalía de Veracruz es por posible enriquecimiento ilícito en contra de Gina Domínguez.
La tercera, iniciada apenas esta semana, fue por posibles hechos de corrupción de Silva Ramos, mismos que fueron hechos públicos por la propia Gina Domínguez en una columna.
Animal Político publicó el pasado 8 de diciembre que tan solo en el año 2014 el gobierno de Javier Duarte pagó 503 millones de pesos a 19 empresas fantasma, por supuestos gastos de difusión de actividades del gobierno, es decir, durante la gestión de Silva Ramos al frente del área de Comunicación Social.
Un año antes de asumir como vocero del gobierno, es decir en 2013, Silva encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social y en su gestión dicha dependencia asignó por lo menos 50 contratos al mismo grupo de empresas fantasma.
Indagan patrimonio
Un documento interno de la Dirección de Integridad y Ética de Servidores Públicos de la Contraloría General del Estado , de fecha 23 de febrero pasado —al que Animal Político tuvo acceso— , revela que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos investiga la evolución patrimonial de Domínguez.
A solicitud del fiscal especial Guillermo Hernández Isidro, la Contraloría General de Veracruz integró el expediente 247/2016 con motivo de la evolución patrimonial de la exvocera de Duarte, preso en la cárcel de Matamoros, en Guatemala, desde el 15 de abril.
Gina Domínguez se desempeñó como coordinadora general de Comunicación Social de Javier Duarte, del 1 de diciembre de 2010 hasta el 20 de febrero de 2014.
Después fue nombrada secretaria técnica de la Oficina del Gobernador, cargo que ocupó hasta noviembre de ese mismo año, porque renunció para convertirse en presidenta de la Fundación Colosio Veracruz, en donde actualmente despacha.
El martes pasado Animal Político publicó que Gina Domínguez utilizó su cargo de vocera del gobierno de Javier Duarte para beneficiar con contratos y convenios a la empresa Servicios Especializados de Comunicación e Imagen S.A. de C.V., que luego pasó a ser de su propiedad, y mediante la cual controla editorialmente a tres radiodifusoras.
La empresa SECI recibió 6.9 millones de pesos y uno de sus accionistas, Miguel Ángel Gutiérrez Garduza, 10.3 millones de pesos, entre 2012 y 2016.
Notificaron a Gina de la investigación
De acuerdo con el documento de la Contraloría, Gina Domínguez ya habría sido notificada de la investigación a su evolución patrimonial por la Dirección de Integridad y Ética de Servidores Públicos.
Luego de la publicación del reportaje, en la columna “Razones de Estado”, que Gina Domínguez publica, respondió que la investigación de Animal Político divulga datos que no son verídicos.
“… quienes tuvimos una responsabilidad pública estamos obligados a rendir cuentas y, por supuesto, las autoridades competentes determinarán si hubo o no conductas ilícitas y, de haberlas, hacer comparecer a los presuntos responsables”, señala.
Animal Político se comunicó telefónicamente a la oficina de Gina Domínguez para solicitarle una entrevista sobre el tema, pero la exfuncionaria hasta el cierre de esta edición no había ofrecido una respuesta. (Fuente: Animal Político)
