Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- La secretaria del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, informó que las denuncias penales hechas ante la Fiscalía General del Estado, por casos de despojo de inmuebles principalmente, continúan en proceso e incluso se están sumando nuevos casos a los expedientes.
“Se integran las carpetas de investigación correspondientes y estamos en coordinación directa con el Dr. Miguel Ángel Pech, en el cual está dando la celeridad necesaria para que los policías ministeriales hagan las investigaciones y se integre esa carpeta, para que se ejerza la acción penal correspondiente”, explicó al término de la reunión que sostuvo con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial.
En total son seis los expedientes, pues aunque se habían sumado diez nuevas denuncias, se están sumando a las ya presentadas a las existentes, sobre todo porque hay contextos iguales de las conductas ilícitas realizadas por los ex funcionarios públicos.
En este sentido, mencionó que a las partes involucradas afectadas se les sugiere que interpongan sus amparos indirectos o directos, porque en ocasiones no han sido notificados, algunos se han sobreseídos y otros se han aceptado donde buscan la protección de la justicia federal.
“Habían en acumulado 25 casos y estamos revisando para tener una estadística más clara porque día a día vemos que algunos expedientes están en archivo definitivo, pero ya los afectados están procediendo, se acercan a la secretaría para recuperar sus bienes… Había 25 bienes inmuebles y esos 25 están en 10 juicios laborales. Tenemos como 40 juicios de esta índole”, puntualizó.
Labor empresarial
Respecto a su reunión con los empresarios, dio a conocer que ha solicitado una nueva cultura laboral, para que exista el derecho a los trabajadores y las prestaciones; que estén muy atentos cuando los actuarios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje les vayan a hacer una notificación, que la reciban, que vena de qué se trata, y que ejerzan su derecho de audiencia, en busca de evitar que se comentan los errores de las pasadas administraciones.
En el mismo ámbito les dio a conocer que se está trabajando en la revisión de las condiciones contractuales, y que ya se inicia en junio la supervisión de quiénes pagaron o no el reparto de utilidades, porque las sanciones se modificaron en las Unidades de Medidas Actualizadas (Umas), y quien no cumpla puede ser acreedor a cinco mil unidades, lo que representa cerca de 40 mil pesos. (Noticaribe)