Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- En su calidad de ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, expresó su preocupación por la designación de Julian Leyzaola Pérez como asesor operativo de Seguridad Pública en el municipio de Benito Juárez y el mensaje que envía el edil Remberto Estrada Barba de que es una persona cuyas convicciones democráticas son cero o que es expresión de un populismo punitivo que cree que con acciones sensacionalistas hará justicia.
“Es una manifestación de una cultura totalitaria que nada tiene que ver con gobernabilidad democrática”, afirmó.
Calificó de grave que una autoridad no tome en cuenta las recomendaciones emitidas por instancias de derechos humanos respecto al comportamiento de una persona que se quiera contratar.
“Es un pésimo antecedente porque otro mensaje que envía es que el Estado abdica de su facultad de aplicar la justicia para dar lugar a la venganza”, reiteró.
Un Estado no puede luchar contra la delincuencia como un delincuente más, no puede combatir el crimen como un criminal, debe luchar con las armas que le da la ley, “ya que cuando se le abre la puerta a los funcionarios para que cometan delitos, secuestren, asesinen o extorsionen cuando se les podrá cerrar”, advirtió.
Álvarez Icaza califico de gravísimo que en Benito Juárez se haya contratado a una persona con un historial de violación a los derechos humanos: “Toda autoridad está sujeta al artículo uno Constitucional y la autoridad municipal no está exenta de ese mandato”.
Consideró que los gobernantes del ‘Verde’ reproducen las peores pautas de corrupción del PRI; envían un mensaje contradictorio al pretender que con mano dura y represión se resolverá el problema de inseguridad en Cancún.
“La zona norte debe ver su espejo lo que ha pasado en otras entidades, el problema clave es la impunidad y la connivencia de Seguridad Pública con el delito.
Recomendó investigar los antecedentes de todo aquel que aspire a ingresar al servicio público y en el caso de Benito Juarez dejar de importar a violadores de derechos humanos “porque el mensaje que manda es que no importa el estado de derecho”. (Noticaribe)