La legislatura local inicia esta semana los foros para definir el nuevo esquema de protección a periodistas.
Como resultado de propuestas de periodistas de diversas partes del estado, el gobernador Carlos Joaquín determinó promover la abrogación de la denominada Ley Borge de ‘protección a periodistas’, que ya el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, se disponía a aplicar.
Dicha ley, en realidad, la hizo Borge para acallar a periodistas incómodos y trató de cubrir las apariencias con una serie de artículos para crear un ‘mecanismo de protección’, pero dominado por el Gobierno del estado.
Hasta ahora, hay dos posturas. Una promovida por periodistas que apoyaron esa Ley Borge, que consiste en ‘reformar’ ese ordenamiento, que es algo así como ponerle dos ‘curitas’, lavarle la cara y crear el mecanismo, dominado por el gobierno, que determinará las medidas a periodistas en situación de riesgo o baja amenaza.
Por el otro lado, está la propuesta más de avanzada, de abrogar la ley y no hacer una nueva en lo local, y que la protección de los periodistas sea una tarea del gobierno federal, ademas de establecer un protocolo rápido y eficaz contra la impunidad.
Las razones para esta segunda propuesta son diversas, pero destacan que los principales agresores de los periodistas son los gobiernos locales y que los mecanismos de los estados han fracasado.
El Congreso del estado tiene dos opciones: el ‘gatopardismo’ o encauzar una política eficiente para la protección de los periodistas.
