CANCÚN, MX.- Tras la realización del Foro de Consulta para periodistas y defensores de Derechos Humanos, organizado por la XV Legislatura, el Colectivo de Periodistas de Quintana Roo recalcó la necesidad de abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -conocida como Ley Borge-, la cual fue expedida el 14 de agosto de 2015 por el ex gobernador Roberto Borge.

Durante la realización del Foro, los periodistas entregaron un documento en el que se hacen críticas a estos eventos organizados por el Legislativo, como el que se hayan realizado tan solo tres Foros y no en cada municipio como se exigió, entre otras exigencias.

Como en anteriores ocasiones el Colectivo de Periodistas de Quintana Roo considerada ilegítima esta ley, puesto que nació con el objetivo de controlar a periodistas y activistas de derechos humanos, además de no hacer un consenso general del gremio sobre la aplicación de esta norma. Por ello, desde el primer día, se ha exigido la abrogación de la Ley Borge, para después elaborar otra normativa de vanguardia, en la que se tomen en cuenta las necesidades y exigencias de cada municipio.

El segundo punto del Colectivo es la desaparición de los mecanismos de protección locales, como incluso el mismo gobierno federal ha intentado, puesto que al menos el 80 por ciento de la violencia hacia el gremio proviene de los gobiernos estatales y municipales, por lo que es incongruente que estas esferas del Estado mexicano sean agresoras y protectoras.

Por ello, el Colectivo se suma a la petición de fortalecer al mecanismo nacional de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, con el fin de detener la violencia. Según la organización Artículo 19, en 2016, a nivel nacional, hubo 11 asesinatos, 76 amenazas, 27 ataques contra medios de comunicación, 81 ataques físicos, 43 acciones de hostigamiento, 79 intimidaciones, 22 actos de espionaje, 58 privaciones ilegales de la libertad y 27 actos de violencia institucional, con una tasa de impunidad del 99.75 por ciento.

De hecho, al menos 226 de las 426 agresiones contra periodistas documentadas por Artículo 19 fueron perpetradas por funcionarios públicos a nivel estatal y municipal.

Mientras que en Quintana Roo, en los últimos tres años se han registrado más de 40 agresiones, siendo el periodo de la gubernatura de Roberto Borge la que más casos registra.

Ante este panorama, y durante la realización del Foro de Consulta organizado por el Congreso, el Colectivo de Periodistas de Quintana Roo llama al gremio -así como a los defensores de derechos humanos- a nivel estatal y nacional, a sumarse a estas exigencias y a no caer en intentos por dividirnos.

Asimismo, se insta a los compañeros de todo Quintana Roo que están de acuerdo con la postura del Colectivo, a sumarse a ella, firmándola.

No queremos que se repitan escenarios en donde se agravió a comunicadores y ciudadanos: Eduardo Martínez Arcila.

Con la participación de más de un centenar de comunicadores se llevó a cabo el tercer y último foro para el Análisis de la Ley de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo en donde fueron escuchadas las propuestas, sugerencias y comentarios, a fin de contar con un marco moderno, pero sobre todo, acorde a los nuevos tiempos que vive la entidad.

El Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, expuso que hay plena coincidencia en la necesidad de contar con un marco legal que garantice la libertad de expresión y se cierre el paso a acciones que incurrieron otras administraciones, donde la mayoría, comunicadores, defensores de derechos humanos y ciudadanos, “fuimos agraviados”.

Al reconocer que esta será una tarea nada fácil, el legislador dijo: “Esperamos estar a la altura de lo que ustedes están exigiendo. Lo vamos a hacer conscientes del rol y el papel que a ustedes y a nosotros nos está tocando jugar en este cambio democrático, de la alternancia de gobierno en Quintana Roo. Estamos seguros de que ustedes y nosotros no queremos que se repitan escenarios en donde, de una manera u otra, fuimos agraviados y donde la mayoría, por acción u omisión, se consintió.

Eso es lo que no puede volver a pasar en Quintana Roo. Tengan la plena confianza de que con absoluta responsabilidad vamos a legislar este tema”.

La diputada Eugenia Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura, comentó que una voz primordial es la de los propios comunicadores quienes serán una guía para decidir cuál será el camino a seguir y nosotros, los integrantes de la XV Legislatura, tomaremos en cuenta sus ideas y opiniones para construir el marco legal idóneo para tender un manto protector a su labor.

“Les garantizamos que no habrá simulación. Atenderemos sus propuestas para ponerle fin a una ley a modo. Esta vez será la razón, el análisis y las propuestas los protagonistas. Al margen de los esfuerzos encaminados para perfeccionar esta ley, sepan que los legisladores velaremos por una política integral de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, comentó.

El Presidente de la Gran Comisión reiteró la apertura de los legisladores para abordar este tema e incluso sugirió a todos los interesados a acercarse al Congreso para conocer los detalles de este proceso.

“Estamos abiertos todos los diputados a que incluso se puedan acercar y hablar más a profundidad, podemos conocer, revisar, buscar, encontrar, la fracción, el inciso, el artículo adecuado, correcto, para que en Quintana Roo podamos en decir que llegó la alternancia, tal como lo demanda la ciudadanía”, expresó. (Noticaribe)

Documento íntegro del Colectivo de Periodistas

23 de junio de 2017
Foro de consulta para el análisis de la Ley para las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas
GRAN COMISIÓN DEL H. CONGRESO DE QUINTANA ROO
COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL H. CONGRESO DE QUINTANA ROO.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:
El 12 de mayo pasado, periodistas de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Tulum y José María Morelos, emitimos un pronunciamiento ante la decisión de la administración del C.P. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, de activar el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado, con base en la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida el 14 de agosto de 2015, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo para acotar la Libertad de Expresión, violentar el Derecho a la Información y restringir la labor periodística en la entidad.
En el texto, firmado por el colectivo de periodistas el 12 de mayo y entregado al H. Congreso del estado de Quintana Roo, el cuatro de junio del 2017, se solicitó, entre otros puntos, abrogar y elaborar una nueva ley a partir de los siguientes criterios:
a.- Un proyecto base, elaborado por una prestigiada organización, especializada en la defensa de Periodistas y de la Libertad de Expresión.
b.- Someter este documento base, a la opinión de periodistas en foros, en ciudades de todo el estado.
c. A partir del documento base y las opiniones de periodistas, se elabore la iniciativa de la nueva Ley.
El 16 de mayo del presente año, el ejecutivo del estado anunció el ingreso, al Congreso del Estado, de una iniciativa para abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida coloquialmente como “Ley Borge”, con base en la petición de periodistas del estado y personas defensoras de los derechos humanos.
El 16 de junio pasado, diputadas y diputados de la 15 Legislatura convocaron a la realización de sólo tres Foros de Análisis de la ley antes citada, a realizarse el 20, 22 y 24 de junio, en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y Cancún, respectivamente, a fin de conocer las propuestas del gremio periodístico y de las personas defensoras de los Derechos Humanos.
Observamos que:
1. Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conocida coloquialmente como “Ley Borge”, NO ha sido abrogada.
2. La 15 Legislatura no elaboró un anteproyecto de Ley apoyándose de una organización especializada en la defensa de periodistas y de la Libertad de Expresión, como se solicitó, a fin de que fuera materia de consulta y objeto de observaciones en los foros, por parte del gremio periodístico y de personas defensoras de los Derechos Humanos.
3. NO se realizaron los foros en las ciudades de los 11 municipios del estado, lo que sin duda evitó democratización de este ejercicio y la amplia participación de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
4. Se impuso un formato de participación y desarrollo de los foros, no consensuado con periodistas y defensores de los Derechos Humanos, consistente en cinco ejes temáticos: Órganos Responsables de Garantizar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información; Protección Integral y Perspectiva de Género de los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas; Mecanismo de Conformación del Sistema Quintanarroense de Protección y Protocolos de Investigación de los Delitos Cometidos en contra de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas.
5. NO existe voluntad política para abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, toda vez que los foros se convocaron para definir en primera instancia si se reforma o se abroga la ley. Lo anterior nos hace pensar que existe el interés de revivir la llamada “Ley Borge”, sólo parchándola.
6. El texto de la iniciativa del ejecutivo estatal, ingresado el 16 de mayo del presente año, al Congreso del estado, para abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, no se ha hecho público y se desconocen los avances sobre la discusión de dicha propuesta.
Con base en lo anterior:
· Afirmamos que este H. Congreso del Estado, debe abrogar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, expedida en agosto de 2014, pues su espíritu fue el de violentar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, además de restringir la labor periodística en Quintana Roo, lo cual quedó confirmado con la controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el fallo del máximo tribunal del país, al invalidar varios de sus artículos.
Quintana Roo fue convertido por el entonces gobernador del estado, Roberto Borge, en escenario de una persecución sin precedente en contra de periodistas y comunicadores, amplia y plenamente documentada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, entre ellas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la organización Artículo 19 que, en julio de 2015, declaró a Borge Angulo “enemigo de la prensa independiente” y lo situó como “principal agresor” de comunicadores y activistas en la entidad.
· Demandamos al H. Congreso del Estado y al gobierno del mandatario, Carlos Joaquín González, que se desistan de aplicar en Quintana Roo, el sistema para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, lo que incluye los mecanismos locales, toda vez que han sido las autoridades estatales y municipales, las responsables de las agresiones en contra de activistas y comunicadores y, el manejo de dichos mecanismos, queda precisamente en manos de los gobiernos locales.
Conforme al Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, actualizado a marzo de 2017, en México han sido asesinados 104 periodistas, desde el año 2000. En más de un 90 por ciento, las agresiones provienen de gobernadores, alcaldes y autoridades locales. En un 99.85 por ciento de los casos, estos crímenes han quedado impunes.
De acuerdo con la organización Artículo 19, tan sólo en 2014, en Quintana Roo, se registraron 46 agresiones a periodistas, sin que uno sólo de los casos haya sido investigado a nivel estatal y mucho menos castigado a nivel federal o local.
· Exigimos al H. Congreso de Quintana Roo y al gobierno estatal, atender la discusión que actualmente se desarrolla a nivel nacional, con respecto a los mecanismos locales, pues a partir del asesinato del periodista, Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo pasado, el gremio periodístico en todo el país se ha pronunciado en contra de la existencia de mecanismos estatales, por su ineficacia y el peligro que representan para activistas y periodistas, toda vez que dichos instrumentos son manejados principalmente por autoridades locales, siendo los estados en donde ocurre el grueso de los crímenes en contra de comunicadores y activistas, lo que supone una simulación.
· Ante la aparente indefensión de activistas y comunicadores, que supondría carecer de mecanismos de protección locales, nos acogemos a la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al fortalecimiento urgente del mecanismo federal contenido en esa ley.
· En este punto, no omitimos mencionar que existe una intención del gobierno federal, por eludir su responsabilidad en garantizar la protección de defensores de Derechos Humanos y Periodistas, transfiriéndola a los estados, que es el ámbito en donde comunicadores y activistas son agredidos, lo que supone un doble agravio y riesgo para ambos sectores.
· Cuestionamos y convocamos a reflexionar sobre la pertinencia real de contar con una Ley estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, habiendo ya una Ley Federal.
· No omitimos subrayar que la existencia de la Ley local, sólo ha servido desde su origen, para dividir, enfrentar y confrontar al gremio periodístico, sin que obre evidencia de que su existencia se haya traducido en algún beneficio palpable para activistas y/o comunicadores, desde que cobró vigencia en agosto de 2014.
· En ese tenor, las y los abajo firmantes, periodistas y personas defensoras de los Derechos Humanos, expresamos nuestro profundo respeto a las y los colegas de todo el estado y condenamos enérgicamente todo intento, dentro y fuera del gremio periodístico, de dividirnos, enfrentarnos y confrontarnos, mediante una lucha alentada desde la tinta y el papel, que en realidad no existe de fondo, ni debería alimentarse, pues la intención de las y los periodistas que pugnan por la abrogación de la Ley, ha sido siempre la de atender el interés colectivo y alentar la participación respetuosa y responsable de las y los comunicadores, sin fobias ni filias.
· Condenamos los actos de espionaje que se han registrado en México, en agravio de periodistas, defensores de Derechos Humanos y hacia cualquier ciudadano en el país, por parte de los tres órdenes de gobierno.
· Hacemos un especial llamado al gobierno de Quintana Roo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y a cualquier autoridad local, a evitar, desistir o frenar actos de espionaje o cualquier tipo de actividad que conlleve a la intromisión y violación de la intimidad y privacidad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos o cualquier ciudadano radicado en la entidad.
· Nos sumamos al movimiento nacional de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y demandamos el cese de asesinatos, agresiones y desapariciones forzadas a comunicadores y activistas.
· Exigimos garantías para el ejercicio pleno de los Derechos Humanos a la Libertad de Expresión e Información; y la construcción de esquemas e instrumentos reales, efectivos y transparentes de protección para ambos sectores, para beneficio de estos, de la Democracia y de la propia sociedad.