CANCÚN, MX.- El Juzgado Primero de Distrito determinó no otorgar los amparos solicitados por varios exfuncionarios de la administración de Roberto Borge Angulo, incluido al anterior secretario de Finanzas y Planeación, Juan Pablo Guillermo Molina; el exsubsecretario Técnico hacendario, Eliezer Villanueva Lanz; ex secretario de Salud, Juan Lorenzo Ortegón Pacheco; y a la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, destacó un periódico local.

Las negativas a las solicitudes de amparo para estas personas fueron colocadas en el área de notificaciones de edictos, en la sede de esta ciudad del Poder Judicial Federal. Trascendió que el motivo es que estas personas están relacionadas con averiguaciones previas que en su momento inició la Fiscalía General del Estado (FGE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) y que avanzan a su ritmo.

Todo parece suponer que Juan Pablo Guillermo Molina, extitular de Sefiplan, se habría dado a la fuga, después de conocer esta determinación, toda vez que tenía una audiencia judicial para el análisis de su solicitud, a la que no se presentó o siquiera envió una declaración escrita a través de su abogado, con lo que prácticamente daba su causa como perdida.

Tanto él como los demás fueron notificados a través de los estrados, al aparentemente no poder ser localizados en sus domicilios.

Con esta determinación judicial, estos ex funcionarios podrían a ser detenidos por cualquier autoridad, estatal o federal, derivado de las diversas carpetas de investigación presentadas por manejo de dinero de procedencia ilícita, lavado de dinero y desvíos, cometidas durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, hoy recluido en una prisión de Panamá, en espera de su extradición a México.

El paradero de estos y otros exfuncionarios es desconocido. Por ejemplo, se menciona que Eliezer Villanueva Lanz abandonó el país, para fugarse en el Líbano, de donde proviene su esposa.

Villanueva Lanz es considerado como uno de los principales operadores financieros de Borge Angulo, al ser encargado de cobrar los “moches” a los proveedores del Gobierno del Estado, a cambio de realizar dictámenes favorables para adjudicarles contratos. Este dinero era canalizado a la estructura electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde Eliezer en persona era el encargado de distribuir los pagos a las “lideresas” de colonias. También presuntamente fue quien le entregó 200 millones de pesos al entonces candidato, Mauricio Góngora Escalante, situación que está en manos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Además de Borge Angulo, hasta ahora sólo se ha detenido a dos personas más ligadas a la corrupción de la pasada administración, ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), más directamente involucrada en la venta irregular de reserva territorial a precios inferiores a los reales. Uno es Mauricio Rodríguez Marrufo, ex titular de esta dependencia, quien permanece encarcelado en la “baticueva”, un área aislada en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal. En tanto, Paulina Achach Villanueva, quien lo sucedió en el cargo, fue igualmente detenida por la Fiscalía General del Estado, pero liberada bajo caución.

CRUZANDO DEDOS

Todavía sin determinación judicial está el principal prestanombres del exgobernador, Samuel Jiménez Moreno, quien directamente o a través de sus empresas, se benefició con 10 de los 24 predios que fueron inmovilizados por la PGR, como parte de la investigación contra Borge Angulo.

En el Juzgado Cuarto de Distrito, el director de Expansión de Corpogas (empresa que habría sido utilizada para justificar los excedentes de efectivo desviados por el anterior gobierno), Jiménez Moreno presentó documentos para ampliar su solicitud de amparo, en contra del agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia 12 Investigadora de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la PGR.

Los recursos, con expedientes 693/2017, 694/2017 707/2017, son solicitados por él como persona física, además de sus empresas Desarrollo de Xcacel y Caveri Servicios, con los que se benefició con predios en Tulum y Cancún, respectivamente.

TAMBIÉN CON MIEDO

Cabe destacar que también han solicitado amparos exfuncionarios del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, implicados en una demanda penal por el desvío de más de 360 millones de pesos.

Además del expresidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui, también han solicitado protección federal el exsecretario general, Jorge Enrique Nahim Aguilar Cheluja y la secretaria de Obras Públicas, Claudia Maricela Granados Méndez.

Al exedil ya le dieron una respuesta,  pues nombra a una autoridad inexistente, a la “Unidad de Delitos Contra la Vida y Salud de las Personas”, motivo por el que se le da plazo hasta el miércoles para que corrija su documento. (Fuente: Quequi)