WASHINGTON.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones al futbolista mexicano y excapitán de la selección nacional de México Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez) y al cantante de música norteña Julio Cesar Álvarez Montelongo (Julión Álvarez), por estar relacionados con el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sostiene que Rafa Márquez y el cantante de música norteña, forman parte de una red de prestanombres para lavar dinero procedente de la venta de drogas, de una organización criminal ligada al Cártel de Sinaloa y al CJNG, que comanda Raúl Flores Hernández y varios integrantes de su familia.
El gobierno estadunidense designó como “Narcotraficante Más Significativo” a Hernández y a su agrupación a la que judicialmente llama como la “Organización Flores”.
En la designación y aplicación de sanciones se incluye a otros 21 ciudadanos mexicanos, entre los que se cuenta a Rafa Márquez, exfutbolista del Club Barcelona de España, y a Julión Álvarez.
La sanción que aplica el Departamento del Tesoro se sustenta en el delito de “prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de la organización Flores, y/o por ser propiedad o estar bajo control de esta, sus miembros y asociados de confianza”, indicó la OFAC por medio de un comunicado de prensa.
El gobierno del presidente Donald Trump señaló que “la designación establece la mayor acción individual que ha tomado la OFAC bajo la ley para determinar a Narcotraficantes Más Significativos, en contra de una red de cárteles de la droga de México”.
Con esta designación, los bienes, inmuebles, propiedades y cuentas bancarias que tienen los designados dentro de las demarcaciones bajo la jurisdicción estadunidense, se confiscan y quedan congeladas. A los ciudadanos, empresas y entidades de los Estados Unidos, se les prohíbe cualquier relación o contacto con los implicados.
Aunque la designación por parte del gobierno de Estados Unidos se aplica sólo en su jurisdicción, el comunicado de prensa hace notar que la Procuraduría General de la Republica (PGR) de México le notificó que este miércoles aseguró diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, que incluye al Gran Casino de Guadalajara, Jalisco.
El Departamento del Tesoro apuntó que las acciones que tomaron en contra de la Organización Flores y sus presuntos prestanombres, es el resultado de una acción coordinada de la OFAC, con la DEA y la Unidad de Investigaciones del Departamento de Seguridad Interior, el Buró de Aduanas, la Patrulla Fronteriza y el gobierno mexicano.
“Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, indicó, John E. Smith, director de la OFAC.
El funcionario del Departamento de Tesoro destacó que la cooperación con México en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado da resultados que se reflejan en acciones como las que se tomaron en contra de la Organización Flores y sus prestanombres, que a su vez están coludidos con el Cartel de Sinaloa y el CJNG.
Según el Departamento del Tesoro, Flores Hernández es un operador independiente, pero que conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación. “Sus vínculos con estos líderes de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores, funcione con éxito desde los años 80’s del siglo pasado, en Guadalajara y en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas contra los implicados, se presentaron ante las cortes federales del Distrito de Columbia y la del Distrito Sur, de California”, mencionó la OFAC.
Como miembros de la familia Flores Hernández y socios de confianza, además de incluir al futbolista mexicano y al cantante de música norteña, se colocó a María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, Irma Lizet Damian Ramírez, Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas, Mario Alberto Fernández Santana.
El Departamento del Tesoro señala, de manera especial, que Rafa Márquez y Julión Álvarez “han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández y han actuado como testaferros para él y su organización de narcotráfico, ya que mantenían bienes en su nombre”.
La OFAC sancionó a su vez a Mauricio Heredia Horner y a Marco Antonio Fregoso González, por presuntamente actuar a nombre del excapitán de la selección mexicana de futbol.
Las acciones legales y judiciales que implementó el gobierno de Trump en contra de la organización Flores, sus testaferros y prestanombres, abarcó a su vez a 42 empresas de los sectores de deportes, recreación, salud, rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad, turismo, juegos de azar y producción musical.
“Varias empresas clave que fueron designadas incluyen al club de futbol mexicano, Club Deportivo Morumbi, A.C., El Gran Casino en Guadalajara, Camelias Bar, S.A. de C.V. y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.”, se lee en el comunicado de la OFAC.
Las empresas afectadas tienen razón social o registro en el estado de Jalisco y en el de Sinaloa, y cuentan con sucursales en otras entidades como Coahuila y Michoacán.
Las penalidades que se aplican por violaciones a las designaciones de la OFAC, son el caso civil de hasta un millón 437 mil 153 dólares. Las criminales para el caso de directivos de empresas son sentencia de hasta 30 años de cárcel y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas a las empresas llegan hasta los 10 millones de dólares y otras personas, civiles, pueden ser enviadas a prisión hasta por un plazo de 10 años. (Fuente: Proceso)