Por Daniel González
CANCÚN, MX.- La corrupción imperante en la Procuraduría General de la República, ocasionó que la demanda interpuesta en 2005 por la Asociación de Vecinos, Condóminos y Propietarios del Fraccionamiento Punta Sam, que encabezaba David Castro López, por el cierre inconstitucional e ilegal de la carretera Puerto Juárez-Punta Sam a favor del empresario Angel Demerutis Ezarraraz, no prosperara y se consumara uno de los abusos más viles en contra de los habitantes de esta parte del municipio de Isla Mujeres.
Con la averiguación AC/PGR/QROO/CAN/12dos-III, que se interpuso el 25 de febrero de 2005, quedó asentada la denuncia por el delito de ataques a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena, a la nación y lo que resulte y contra quien resultes responsable.
A pesar de las pruebas que se mostraron en su momento, en donde se señaló que el terreno era propiedad de la nación y no del empresario Demerutis Ezarraraz, quien a través de documentos falsos intentó apoderarse del predio de 48 hectáreas
La denuncia relata que el 24 de febrero del 2004 en forma por demás arbitraria, personal de la empresa Villas del Caribe cortó la circulación alrededor de las 17 horas del tramo de la torre escénica hasta las instalaciones del ferri de Punta Sam, al alegar que la vía estaba dentro de sus terrenos.
Sin embargo, estos trabajos se hicieron fuera de la ley, ya que no contaban con permisos y los requerimientos de ley para llevarlos a cabo, lo que ocasionó que afectaran a 200 personas, es decir, un promedio de 50 familias, del fraccionamiento Punta Sam.
Pese a esto, la irregularidad fue avalada primero en la administración de Fidel Villanueva Madrid y, posteriormente, ratificada en el periodo de Paulino Adame Torres, y el entonces delegado de la SCT, César Faustino Peralta Salomón, quienes autorizaron a Villas del Caribe el usufructo de la carretera a sabiendas que no era el verdadero propietario.
En la denuncia se deja en claro que el cierre del tramo Puerto Juárez-Punta Sam es ilegal y en agravio de diversas familias e incluso de la nación, ya que atenta al patrimonio federal.
A 12 años de que se interpuso la denuncia, Castro López comentó que desconoce los motivos por los cuales la PGR no procedió en contra del empresario Demerutis Ezarraraz y permitió que la calle se mantuviera cerrada, pese a contar con toda la documentación probatoria.
No descartó que, a través de dinero, el desarrollador haya podido comprar conciencias y quedar impune en este caso, en este caso que hace poco más de seis meses les dio la razón: el gobierno federal recuperó el predio, pero la carretera no se reabrió de nuevo.
Aseveró que es importante que se retome el caso y que las autoridades federales lo llamen a comparecer y se le finquen responsabilidades, ya que afectó las vías de comunicación, perjudicó el acceso directo de más de 200 personas e intentó apoderarse de un bien nacional con documentos falsos. (Noticaribe)