Por Gonzalo Zapata

CANCÚN, MX.- Autoridades del municipio de Benito Juárez, buscarán “regularizar” la invasión de la capilla San Pablo Apóstol, del fraccionamiento Haciendas del Caribe.

Luego de una manifestación de más de una decena de creyentes católicos en la Plaza de la Reforma, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Brahms González, precisó que a más tardar en una semana y media se estaría dando a conocer el monto y las condiciones del arrendamiento del espacio que ya ocupa la capilla.

Señaló que la comuna no tiene facultades para pedir el derrumbe de la capilla, pero sí de “poder tener un ingreso adicional para el Ayuntamiento”.

La mañana de este jueves, creyentes católicos, de diversas organizaciones y apostolados, se manifestaron en los bajos del palacio municipal, exigieron hablar con el presidente, Remberto Estrada Barba; en su lugar fueron atendido por el secretario general, en una primera instancia, y posterior por el director de Patrimonio Municipal, Martiniano Maldonado Fierros.

Los católicos pidieron detener las amenazas de demolición de la capilla, además de otras que también se encuentran en litigio, ya que se trata de áreas públicas destinadas para parques y escuelas.

Marisol  Nadal, una de las protestantes indicó que a esta parroquia pertenecen unas 8 capillas más distribuidas en diversos puntos de la ciudad, como Villas Otoch Paraíso, Paseos del Mar, Las Palmas y Real las Quintas, las cuales también se encuentran en riesgo de “amenazadas”.

Reconoció que la capilla se encuentra en una zona pública, que fue invadida por los creyentes, ya que “hace más de diez años se desconocía los procedimientos para poder tener el terreno de manera legal”.

“Desde hace 12 años, se han hecho peticiones al ayuntamiento para regularizar la situación de esta parroquia, se cuenta con permisos para operar, incluso de la actual administración, pero hay vecinos que tienen la intención de demolerla, lo que afectaría  más de mil fieles que son los que acuden a estas capillas”, comentó.

Los manifestantes señalaron, que la orden de demolición provienen del director de Patrimonio Municipal, Martiniano Maldonado y del director de Catastro, José Luis Jonathan Yong Mendoza. (Noticaribe)

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