Por Julio César Solís
CANCÚN, MX.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), avanza en las investigaciones contra los recursos de procedencia ilícita presuntamente utilizados por el gobierno de Roberto Borge Angulo para la campaña del priista Mauricio Góngora Escalante, en su campaña hacia la gubernatura en 2016, indicó Santiago Nieto Baños, titular de la Fepade.
Y es que en junio pasado, la Fepade informó de un presunto desvío del erario público por parte de la administración de Roberto Borge Angulo por más de 200 millones de pesos en favor de la campaña del aspirante del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalante, quien perdió en las urnas el 5 de junio de 2016.
La Fepade puntualizó que las entregas de dinero ocurrieron los días 7, 18 y 31 de marzo de 2016; además de los días 8, 14, 18, 22 y 28 de abril, y el 6 de mayo de ese mismo año.
De visita en Cancún este miércoles, el funcionario federal dijo que el objetivo principal de la Fiscalía es ejercer acción penal contra los presuntos responsables del financiamiento con recursos del Gobierno del Estado.
“El objetivo principal de la Fiscalía es ejercer la acción penal contra quienes resulten responsables por la comisión de conductas delictivas en el ámbito del financiamiento ilícito en las campañas, financiamiento que puede darse desde transferencias del Gobierno del Estado en 2016 a las campañas de un partido político, hasta temas de desvío de recursos, peculado electoral, para efecto de ejercer acción en contra de los probables partícipes de estos delitos”, precisó.
Y añadió “es con respecto a la campaña de Mauricio Góngora”.
Como parte de las investigaciones, adelantó que comenzarán a tener contacto con el personal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), así como con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).
Detalló que en Quintana Roo son 11 investigaciones relacionadas con financiamiento ilícito, que representan un desfalco de más de 200 millones de pesos tan solo en una carpeta.
“Es un dinero que no debió estar en las campañas electorales”, subrayó.
Apuntó que la intención de castigar a los responsables de desviar recursos públicos del Gobierno del Estado hacia las campañas políticas, tiene como intención que en 2018 no se repita la misma situación.
“Quintana Roo ha representado durante el año 2016 un estado en donde hubo una enorme repercusión de casos relacionados con financiamiento ilícito en la campaña electoral”, aseguró.
Precisó que en lo que va de 2017, la Fepade ha consignado 381 averiguaciones previas por la comisión de delitos electorales; asimismo, cuenta con 85 averiguaciones previas pendientes del sistema procesal penal de corte tradicional, y se tienen pendientes 132 carpetas de investigación por resolver.
También, se han librado 190 órdenes de aprehensión por ilícitos como turismo electoral y compra de votos, de las cuales 66 han sido en Quintana Roo; además de que en la entidad se han dictado 35 sentencias condenatorias, todos relacionados con el proceso electoral 2016.
“El tema principal de las carpetas de investigación tiene que ver con el financiamiento ilícito de las campañas electorales”, señaló.
Santiago Nieto Castillo explicó que los delitos electorales no son considerados graves y aunque contemplan una pena privativa de la libertad (que varían entre 3 y 5 años de cárcel), los implicados pueden conmutar la pena pagando una multa ante el órgano jurisdiccional.
De la misma forma, los presuntos pierden sus derechos políticos-electorales durante el tiempo que dure la sanción impuesta por la autoridad.
Adelantó que se instalarán módulos de atención de delitos electorales en Quintana Roo –principalmente Cancún y Chetumal-, donde agentes del Ministerio Público Federal atenderán a la ciudadanía. (Noticaribe)