Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Aunque el gobernador del Estado Carlos Joaquín González envió al Congreso estatal una propuesta para la derogación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Décimo Quinta legislatura, Eugenia Solís confirmó que únicamente se realizarán modificaciones “casi a todos los artículos”.
Afirmó que las modificaciones parten de las propuestas recabadas en los foros de consulta y análisis sobre este tema, realizados en junio pasado, pero que aún así se someterá nuevamente a análisis “con el afán de hacer lo más democrática posible esta iniciativa de reforma a fin de alimentar esta ley”.
Dijo que toda aquella asociación civil que esté interesada y preocupada en el tema, tendrá las puertas abiertas para participar de manera altruista.
Aunque la diputada reconoce que los servidores públicos son los principales agresores de las y los periodistas, así como de las personas defensoras de los derechos humanos la propuesta que envió para su análisis contempla el hecho de que la Junta de Gobierno que se encargará de atender las quejas y denuncias estará formada por “los tres titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Fiscalía General y de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de un integrante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y que deberá tener un amplio conocimiento en la materia” y tres representantes del sector periodístico en el Estado de Quintana Roo.
De acuerdo con la legisladora, otro cambio importante es que se crea una Fiscalía Investigadora, cuya titularidad queda a cargo del representante de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, y que contará con el apoyo de al menos tres especialistas responsables de la recepción de solicitudes y respuesta inmediata, análisis de riesgos, implementación y seguimientos de medidas de protección, así como de las medidas preventivas y de capacitación.
Consideró que de esta manera se busca facilitar y agilizar la recepción de las denuncias de los afectados, pero también identificar cuáles servidores públicos son los más propensos a cometer este tipo de faltas, para capacitarlos en el trato que deben tener hacia periodistas y defensores de derechos humanos. Esto es la prevención”.
Aunque en caso de que cometan una falta o agresión, se le está otorgando a este sistema de protección la facultad de que las resoluciones que emita serán obligatorias para las autoridades cuya intervención sean necesarias, así como resarcir el daño que pudieran ocasionar. (Noticaribe)
