Por Julio César Solís
CANCÚN, MX.- En medio de los señalamientos por abusos y excesos contra la ciudadanía y los cuestionamientos por la ampliación de la concesión durante la administración de Roberto Borge Angulo, la empresa Aguakán optó por judicializar su relación con el Gobierno del Estado y desde noviembre del año pasado deposita ante un juzgado de la Ciudad de México el dinero por concepto de la contraprestación por la concesión en Cancún, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen.
La acción legal deriva de las intenciones de Aguakán de asegurar su concesión, básicamente ante la fuerte supervisión de la que es objeto actualmente tanto por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) como de la propia sociedad civil que ha denunciado arbitrariedades.
Gerardo Mora Vallejo, director general de la CAPA, explicó que Aguakán se sintió vulnerable luego que el Consejo Directivo del organismo público –dentro del cual tiene voz pero no voto- aprobó el retiro de la concesión en Puerto Morelos.
Recordó que la concesión obliga a tener una contraprestación de alrededor de 200 millones de pesos mensuales, o bien, el 10 por ciento de su facturación, lo que resulte mayor.
“Con esta nueva administración, Aguakán decidió llevar una relación mucho más judicial que operativa, entonces lo que está haciendo es depositar en un juzgado el dinero de la contraprestación, que es alrededor de 200 millones de pesos mensuales o el 10 por ciento de su facturación, lo cual también está en revisión”, señaló.
Y sostuvo que “al sentirse débiles o desprotegidos prefirieron consignar el dinero ante un juez”.
Gerardo Mora indicó que Aguakán deposita ante el juzgado de la capital del país un monto con base en un cálculo hecho por la compañía.
“Aguakán se protege y dice ‘antes de enviar un peso más a CAPA, lo voy a depositar al ministerio público’”, señaló. (Noticaribe)
