Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Únicamente reformas y adicciones a la Ley para la Protección de Personas Defensores de Derechos Humanos y periodistas del estado de Quintana Roo, en lugar de la derogación propuesta por el ejecutivo, es lo que entregó la comisión de Derechos Humanos de la Décimo Quinta legislatura para que sea turnada a comisiones para su análisis.
Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos presentó anoche la iniciativa de decreto en la cual propone que el sistema de defensa quede integrado por una junta de gobierno, un consejo consultivo y una fiscalía investigadora estableciendo que la junta de gobierno sea la máxima instancia del sistema de protección y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas Defensores de Derechos Humanos y periodistas en el estado y sus resoluciones serán obligatorias para las autoridades cuya intervención sean necesarias.
Esta junta de gobierno, de acuerdo con la propuesta, estará integrada por el secretario de Gobierno como presidente, el fiscal general del estado, el secretario de Seguridad Pública, el fiscal investigador quien a su vez fungirá como secretario de la junta de gobierno y 3 representantes del sector periodístico designados por el Consejo Consultivo de entre sus miembros. Los integrantes de la junta de gobierno contarán con derecho a voz y voto en las sesiones.
Esta iniciativa presentada por la diputada panista establece que la junta de gobierno sesionará de manera ordinaria por lo menos cada tres meses y de manera extraordinaria cuando así lo convoque su presidente y para sesionar requerirá de la asistencia de más de la mitad de la totalidad de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos y en caso de empate el presidente tendrá derecho al voto de calidad.
La junta de gobierno determinará, aprobará, evaluará y suspenderá, en su caso, las medidas preventivas, medidas de protección y medidas sociales a partir de la información elaborada, así como suspender o modificar las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas sociales previo estudio de evaluación de riesgo que realice la fiscalía investigadora.
El consejo consultivo elegirá a sus integrantes a través de una convocatoria pública emitida por la junta de gobierno que será integrada por 5 personas consejeras de las cuales unas era experta en la defensa de los Derechos Humanos 2 en libertad de expresión y 2 personas periodistas asegurándose un equilibrio de género.
Este consejo consultivo atenderá las consultas y formulará opiniones ‘motu proprio‘ o las opiniones que le sean solicitadas por la junta de gobierno o la fiscalía investigadora.
Respecto a la fiscalía investigadora, ésta será la instancia responsable de coordinar el sistema con las dependencias de la Administración Pública del Estado y los municipios y estará a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, la cual designará al servidor público que deberá tener conocimiento en la materia de evaluación de riesgos y protección.
La fiscalía investigadora contará por lo menos con el apoyo de 3 especialistas responsables de la recepción de solicitudes y respuesta inmediata, análisis de riesgos, implementación y seguimientos de medidas de protección así como de las medidas de preventivas y de capacitación y las resoluciones que emita la junta de gobierno y la fiscalía investigadora serán obligatorias para las autoridades y entidades públicas.
En cuanto a las medidas preventivas, éstas incluyen instructivos como manuales, diagnósticos e informes sobre las condiciones en que desarrollan su actividad profesional en el estado los periodistas y defensores de derechos humanos, también considera cursos de autoprotección tanto individuales como colectivos y el acompañamiento de personas defensoras de derechos humanos y periodistas por medio de acciones de tutela y orientación para la defensa de sus derechos.
También contará con un fondo de apoyo, el cual será administrado por un fideicomiso y contará con un comité técnico que fungirá como órgano de gobierno que estará integrado por dos representantes, uno de los cuales será perteneciente a asociaciones de periodistas y otro vinculado a la defensa de los Derechos Humanos, ambos designados por la fiscalía investigadora del sistema y el fondo será operado por un fideicomiso público creado de manera exprofesa para este propósito y regido por el comité técnico.
De acuerdo con la iniciativa, el patrimonio del fondo se constituirá con las aportaciones de los periodistas que manifiesten de manera expresa su voluntad de participar y aquellos que sean beneficiados de dichas medidas preventivas y las participaciones que en su favor realizan el gobierno estatal y los gobiernos municipales, el Congreso del estado a través del presupuesto anual de egresos correspondiente al 5 por ciento del presupuesto asignado al gasto de comunicación social.
En sus transitorios, la junta de gobierno del sistema quintanarroense para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como su fiscalía investigadora deberá quedar instalada dentro de los 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley; los protocolos de seguridad y autoprotección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas deberán ser emitidos por la fiscalía investigadora y aprobados por la junta de gobierno del sistema quintanarroense para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas dentro de los 60 días naturales siguientes a su instalación; el fideicomiso para la administración del fondo deberá quedar instalado dentro de los 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley; una vez emitida la convocatoria las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y en el ejercicio del periodismo se registrarán ante la junta de gobierno y entre ellas elegirán por única ocasión a los 5 integrantes del primer consejo consultivo en un término de un mes contados a partir del cierre de registro y una vez proporcionada la lista de los integrantes del Consejo a la primera junta de gobierno estas instalará en un término de 10 días hábiles.
por única vez el poder ejecutivo aportará recursos para conformar el fondo de la protección a partir del siguiente ejercicio presupuestal y el congreso del estado asignar a los recursos de acuerdo a lo previsto en la ley. (Noticaribe)
