Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- El secretario técnico, Carlos Leal, y la jefa de prensa, María Eugenia Oviedo, del Oficial Mayor del gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, irrumpieron en una conferencia de prensa que ofrecía el empresario chetumaleño Jesús Emir Oliva Sabidos para desmentir los señalamientos de abuso de autoridad y ocultamiento de información y ofrecerle, en ese momento, atender sus requerimientos en cuanto a la solventación de lo que, dijeron, es un incumplimiento de información para registrarse como proveedor del gobierno del Estado.
Oliva Sabidos y su abogado Leopoldo Zavala convocaron a un desayuno para dar una conferencia de prensa y denunciar lo que consideraron arbitrariedades y abuso de autoridad por parte del Oficial Mayor de gobierno, al dar de baja del padrón de proveedores al empresario local, argumentando que no había presentado la modificación de su acta constitutiva en la cual Tristana Hernández Villegas -esposa del Oficial Mayor- había vendido sus acciones desde el año 2010.
El empresario propietario de la empresa Administradora Gráfica Aguiheroli SA de CV (Multimedios) se encontraba explicando que desde abril de este año fue dado de baja del padrón de proveedores con el argumento de incumplir seis disposiciones de la ley -a pesar de que fue el mismo Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, había firmado su registro como tal el cual quedó asentado bajo el número 187- cuando la jefa de prensa de la Oficialía Mayor, María Eugenia Oviedo, comenzó a grabar.
Reiteró que desde mayo pasado y tras ser dado de baja -a diferencia, dijo, de la empresa Comercializadora Adicon SA de CV que incumplió en tiempo y forma con la entrega de uniformes y que a decir del propio Oficial Mayor no se le podía dar de baja- solicitó se le diera a conocer los motivos de esa decisión sin que obtuviera respuesta. Sin embargo, fue el pasado 12 de octubre -cinco meses después- cuando la directora jurídica y de acceso a la información, María del Carmen Cura López, a través del oficio OM/DJAI/DJ/2118/2017, informó que la empresa Administradora Gráfica Aguiheroli SA de CV no se encontraba dada de baja ni tampoco tenía un señalamiento de que haya acumulado seis incumplimientos.
Sin embargo, mediante dicho oficio, la Oficialía Mayor confirmó la suspensión del padrón de proveedores “ya que se detectó que, no obstante haber efectuado su registro de manera consecutiva desde el año 2009, la documentación relativa a la constitución de la persona moral no ha sido modificada ni complementada, ni actualizada. En dicha notificación le recomendó acudir al departamento de adquisiciones de la Dirección de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor para obtener a detalle “los puntos sobre los cuales exista duda o inconformidad de su parte”.
Al manifestar su inconformidad por el atraso de la Oficialía Mayor a sus oficios respecto a la baja de su empresa del padrón de proveedores, el secretario técnico de dicha dependencia, Carlos Leal, increpó al empresario y le exigió mostrara en ese momento la comprobación de la entrega de la modificación de su acta constitutiva.
“Vamos a resolverlo ahorita, le increpó al empresario. Muéstrame la documentación y se resuelve el problema”, le dijo.
Tras ser cuestionado del por qué cinco meses después respondían a las solicitudes presentadas, el funcionario de la Oficialía Mayor afirmó que el empresario fue atendido de manera informal en las ventanillas, pero que de ello no tienen registro aunque sí mostró el oficio de fecha 12 de octubre que le fue entregada.
Carlos Leal hizo referencia a que la falta de la modificación del acta constitutiva presuponía una actitud de dolo por parte del empresario, ya que no se había dado de baja el nombre de Tristana Hernández Villegas, esposa del Oficial Mayor de gobierno, quien vendió sus acciones desde el 2010.
Oliva Sabidos y su abogado confirmaron que interpusieron una demanda administrativa ante la Secretaría de la Contraloría con el propósito de dar seguimiento a la queja y que se le inicie el procedimiento administrativo disciplinario al Oficial Mayor, ya que no es la autoridad competente para aplicar sanciones en forma directa. “En dónde queda los derechos ciudadanos y su garantía de audiencia”, cuestionó.
El abogado Leopoldo Zavala explicó que existen procedimientos para el caso de los incumplimientos mediante los cuales se le debe notificar y dar un término para dar cumplimiento “y la actitud del Oficial Mayor ha sido diferente respecto a la empresa Comercializadora Adicon, a la cual se le otorgó un plazo de diez días para que subsanara las irregularidades.”
Lo que pedimos es que se subsane el procedimiento y le aplique el procedimiento administrativo disciplinario si la autoridad correspondiente determina que hay elementos para ello. (Noticaribe)
Es legal interrumpir una conferencia ?? es legal filmar sin consentimiento?? a todas luces es claro el mal accionar del gobierno del cambio, y sobre todo con empresarios chetumaleños que ponen de su parte para dar trabajo a las familias y sostener la economia de por si ya maltrecha de la capital, y ademas de darle el trabajo a empresas poblanas deberian darselas a ellos pero como dicen los burocratas el que no tranza no avanza.
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