Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.– Desde el pasado 12 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió al gobernador Carlos Manuel Joaquín González la recomendación general 30/2017 relativa a condiciones de autogobierno y/o gobierno que existe en la cárcel de Cancún para que, su atención, permita garantizar la gobernabilidad y la paz en dicho centro penitenciario.
A través de dicha recomendación, la CNDH manifestó su preocupación por la existencia en los centros de reclusión donde algunas personas privadas de su libertad realizan funciones de autoridad relacionadas con la administración, los servicios y operación de actividades de un centro penitenciario mediante la imposición de métodos informales de control, permitiendo el goce de privilegios y tratos especiales en detrimento de las condiciones de internamiento de la mayoría y una apropiación indebida del abasto, los insumos para la alimentación y operación de los establecimientos así como de los recursos autogenerados en la institución.
La CNDH estableció que, independientemente de que la anteriores prácticas constituyen conductas probablemente delictivas que deben ser investigadas y sancionadas por las autoridades correspondientes, son violaciones a los derechos humanos por la inobservancia de las autoridades en la aplicación de políticas públicas legalmente establecidas para la operación de los centros penitenciarios propiciando incidentes violentos en agravio de las personas privadas de su libertad.
En los últimos cinco años 42 centros penitenciarios presentaron condiciones de autogobierno y/o cogobierno por lo que consideró necesario atender de mejor manera esta problemática
Dejó sentado que del análisis de datos realizados se detectó factores que ocasionan el autogobierno y/o cogobierno entre los que se encuentran la violación, limitación, o ausencia de un marco normativo adecuado, personal insuficiente y no apto para las funciones de seguridad penitenciaria, ilegalidad en la imposición de las sanciones disciplinarias, actividades ilícitas, extorsión soborno y ejecución de actividades exclusivas de la autoridad por personas privadas de la libertad.
Las condiciones de autogobierno/cogobierno en los centros penitenciarios son perpetrados bajo los supuestos de incapacidad, omisión o tolerancia de la autoridad, por la corrupción de la autoridad y por coacción de la autoridad. Entre los factores que originan estas problemáticas se encuentra la sobrepoblación, hacinamiento, inadecuada clasificación penitenciaria, infraestructura inadecuada, corrupción e impunidad.
En su recomendación, la CNDH hizo mención a las recomendaciones M-01/2016 y M-04/2016 sobre los centros de reclusión que dependen de los gobiernos de los estados de Nuevo León, Quintana Roo e Hidalgo emitidas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en donde quedó asentada las condiciones de autogobierno y cogobierno que prevalecen en los Centros de Readaptación Social, se detectó la presencia de grupos internos con poder, los cuales ejercen el control sobre otros reclusos y diversas actividades como las del tipo laboral y recreativo, reparto de alimentos, asignación de tareas de limpieza de áreas comunes, administración de tiendas de abarrotes y otros negocios de ventas de alimentos, así como la existencia de cobros por concepto de protección, asignación de plancha para dormir, pase de lista, mantenimiento de dormitorios, no realizar tareas de limpieza y uso del teléfono.
La CNDH afirmó en su documento que la gobernabilidad de los centros de reclusión es un requisito indispensable para la consecución de sus fines por lo que constituye un requisito ético, jurídico y de protección que recae indefectiblemente sobre las autoridades quienes con base en sus atribuciones son responsables de la seguridad personal y jurídica de quienes se encuentran privados de la libertad. Afirmó que el problema de la ingobernabilidad radica en la falta de acciones tendientes a evitar casos violentos como motines, evasiones, homicidios, riñas y extorsiones tal y como ha ocurrido en la cárcel de Cancún, así como en la de los estados de Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca y ciudad de México “por lo que hacen falta políticas públicas eficaces que prevengan y nulifiquen dichos riesgos”.
Tras la presentación de los antecedentes y las argumentaciones jurídicas, la CNDH recomendó la ejecución de un programa de monitoreo permanente para verificar el estado que guarda la seguridad y las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios y que se instrumente un programa de mejora continua que contemple su control y gobierno de forma integral; se destine en forma suficiente y etiquetada el presupuesto otorgado al sistema penitenciario para hacer frente a las necesidades de los centros de reclusión con apoyo y seguimiento de la Conferencia Nacional del Sistema penitenciario; aumente la plantilla de personal de seguridad y custodia y de manera prioritaria -con los que se conducen bajo condiciones de autogobierno y cogobierno ; identificar a los servidores públicos que indebidamente propician o facilitan las condiciones de autogobierno y cogobierno y proceder contra ellos administrativa y en su caso penalmente.
Además establece la obligatoriedad de impulsar programas de rendición de cuentas para erradicar practicas que fomenten condiciones de autogobierno y/o cogobierno que deberán informar de manera periódica el avance en la materia; desarrollar un programa permanente de capacitación para el personal de seguridad y custodia para garantizar la seguridad y control de la institución, erradicar las practicas de autogobierno y/o cogobierno con respeto a los derechos humanos.
Aunque las recomendaciones generales emitidas no requieren de aceptación por parte de la autoridad gubernamental si las obliga a aportar las pruebas correspondientes al cumplimiento de dichas recomendaciones y sean remitidas a la CNDH en un plazo de 30 días hábiles a la fecha de emisión de las recomendaciones. (Noticaribe)