Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Tras manifestar su desacuerdo con la etiqueta de ‘Ley Borge’, el presidente del Colegio de Profesionistas en Comunicación de Quintana Roo, Ángel Ramirez Hernández, manifestó que la Décimo Quinta Legislatura debe poner en marcha la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas con las propuestas recibidas con los foros realizados para su reforma.
Al tomar protesta para el periodo 2017-2019 de este Colegio de Profesionistas en Comunicación de Quintana Roo -que tiene entre otros objetivos asesorar en materia de comunicación a organizaciones gubernamentales civiles y empresariales- recordó que el Colegio de Profesionistas en Comunicación participó desde mucho antes en la elaboración de la mencionada ley, por lo que consideró se encuentra vigente y que solo debe activarse con todos los mecanismos de protección.
Afirmó que debe implementarse una ley estatal para atender las necesidades de los periodistas locales, ya que la ley federal no ha resuelto los hechos de su incumbencia. Señaló que todas las leyes pueden ser modificadas y perfectibles y debe ser el Congreso del Estado quien determine si se abroga, tal y como fue la propuesta del gobernador Carlos Joaquín González, o se modifica.
Durante un acto realizado en el planetario de la capital del Estado y ante la presencia de Felipe Ornelas como representante del gobernador, Carlos Joaquín González, el diputado Mario Villanueva Tenorio con la representación del Congreso del Estado, el presidente municipal Luis Torres Llanes tomó protesta de rigor el comité directivo, el cual está conformado por Ramirez Hernández como presidente, Esteban Guarneros Aragón como secretario general; María Elena Montiel Mora, tesorera; Jorge Martínez Lugo, Berenice Kerr Carmona y Felipe Duran Torres en la Comisión de Honor y Justicia; y en las vocalías de ética, Aracey Pastrana Sánchez; Servicio Social, María Elena Ramos Tescum; Capacitacion, Eduardo Camacho Rivera; Vinculación, Maribel Torres Martín, y Difusión José Ángel Modesto Godinez.
En la coordinación en Cancún se encuentra Haydee Juárez Machado, y en Felipe Carrillo Puerto, Allan Sulub.
En el marco de la instalación, el Colegio de Profesionistas en Comunicación firmó un convenio con el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo para colaborar en materia de docencia, investigación, apoyo técnico y la realización de talleres para el gremio periodístico, así como el intercambio de servicios y estimular con becas a los comunicadores. El titular del IAPQROO, León Lizarraga Cubedo, destacó que este convenio permitirá el establecimiento de estrategias para ayudar los gobiernos para que comuniquen mejor.
Al hacer uso de la palabra, el coordinador general de comunicación social, Felipe Ornelas, afirmó que para el gobierno del estado el que existan organizaciones particularmente de profesionalización en materia de información resulta de importancia para el proyecto de esta administración y que se quiere dejar como herencia.
Recordó que desde el inicio de esta administración se ha intentado cambiar comportamientos entre quienes tienen la responsabilidad de ocupar cargos públicos y cuyo desempeño es objeto d ocupación y preocupación en materia política, pero que en muchas ocasiones deriva en conductas asociadas al hígado o al estado de ánimo que al entorno político, lo que originan conductas de represión que no permite la generación de contenido que tendría como objetivo último la sociedad para la cual todos trabajamos.
Aseguró que trabajan para que el cambio se perciba en la conducta del servidor público y que los comunicadores tengan plena confianza en poder dirimir cualquier diferencia con apertura de que serán escuchadas en forma mesurada y equilibrada.
Dijo que la responsabilidad del Estado es garantizar el orden publico y el objetivo es mantener la mesura a pesar de que les guste o no lo que escuchan “debemos aprender sobre todo los funcionarios públicos a convivir en la diferencia de opinión y que no convierta al individuo como enemigo o detractor”.
El Gobernador ha planteado hacer el mayor esfuerzo para promover las condiciones que permitan al profesionista acceder a la información y garantizar que su información e interpretación será respetada para resolver diferencias que son naturales y que también el comunicador debe entender como naturales y no considerar que cuando el servidor público pide algún tipo o sugiere algún tipo de opinión se trate de coacción.
Afirmó que es responsabilidad de todos construir esos espacios que garantice a la sociedad su derecho a ser informados. Si una sociedad no esta bien informada la vida democrática se limita o se pierde… hay una corresponsabilidad de trabajo para el trabajo de los medios y la difusión del trabajo de gobierno. (Noticaribe)
