Por Gonzalo Zapata y Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Después de cerca de un año de espera, presentan los diputados en el Congreso del Estado la iniciativa para la nueva Ley de Movilidad, con la que se regularán los mototaxis y plataformas digitales como Uber, noticia que hizo que un grupo de taxistas acudieran a la sede, hasta el momento de forma pacífica.
Mientras tanto, en Cancún, Playa del Carmen y Tulum cientos de taxistas están realizando de manera simultánea una protesta pacífica con sus unidades estacionadas a la vera de las principales vialidades en espera de órdenes contra la reciente apertura oficial para que la empresa Uber pueda operar en el estado de manera regulada.
En Cancún, socios y choferes del sindicato Andrés Quintana Roo, se manifestaron desde la mañana de este miércoles en el entronque de la carretera federal Mérida y la avenida Huayacán.
Desde antes del mediodía, cientos de taxistas partieron de la avenida Huayacán con Kabah para enfilarse al entronque, donde se manifestaron sin obstruir la circulación vehicular.
Los taxistas aseguraron que esperarán indicaciones de su dirigencia para determinar las acciones correspondientes ante la posible regulación de Uber por parte de los diputados locales.
Autoridades municipales, sobre todo de seguridad pública y tránsito acudieron al lugar para supervisar los operativos de vigilancia.
Incluso, policías federales también montaron un operativo en los alrededores como medida preventiva.
La protesta se realiza de forma simultánea con el ingreso de la iniciativa de Ley de Movilidad, por la que se regularizan plataformas digitales como Uber, pero con la exigencia de un permiso especial, además de la modalidad de tricitaxis. Este proyecto de ley fue enviado a comisiones para su análisis.
PROTESTA EN EL CONGRESO EN CHETUMAL
Mientras tanto, en Chetumal, ante la falta de información por el contenido de la Ley de Movilidad que fue presentada ante el pleno de la Décimo Quinta Legislatura y con pancartas para reafirmar su rechazo a la entrada de la plataforma Uber en Quintana Roo, socios de los diferentes sindicatos de taxistas de Cancun, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum, Lázaro Cárdenas, Cozumel y de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en forma pacifica en la sede del poder legislativo.
Desde las once de la mañana los taxistas comenzaron a llegar a la sede del poder legislativo, lo que obligó a que los diputados utilizaran la sala de juntas para recibir a los presidentes municipales de José María Morelos, Othón P. Blanco y Solidaridad, quienes acudieron a entregar sus proyectos de presupuesto de la ley de ingresos para el 2018.
Yazmin Vivas Medina, socia concesionaria del sindicato de taxistas de Puerto Morelos confirmó que habían sostenido reuniones con el secretario de Infraestructura, Jorge Portilla Mánica, quien les anticipó la presentación de esta Ley de Movilidad que permitiría la entrada en operaciones del servicio Uber en Quintana Roo, aunque traería algunos candados. “Nos dijo que viene Uber y algunos candados, pero quisimos hacer acto de presencia para determinar las acciones correspondientes”, dijo.
Sin embargo, explicó que la presencia de los socios taxistas y las diferentes manifestaciones que se realizan en la zona norte obedece al hecho de que desconocían el contenido de dicha ley.
Reconoció que la situación está descontrolada por la inquietud e inconformidad de los socios taxistas y que han tratado de calmar los ánimos esperando conocer el contenido de dicha ley. Anticipó que se efectuará en Cancún una reunión de información con 17 sindicatos para tomar una determinación en forma conjunta.
Uber operará con condiciones, dice diputado
Antes, en entrevista, el diputado Fernando Zelaya Espinoza explicó que con la nueva ley, se permitirá la operación de plataformas digitales como Uber, a condición de que éstas se registren en el estado, además que sus operadores cuenten con una licencia específica para esta modalidad de transporte, usen unidades de más de 3 mil UMAs (225 mil pesos), cuenten con seguro y otras condiciones.
Cada plataforma deberá tener un permiso expedido por el Instituto de Movilidad. El gobernador tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que cumplan con los requisitos, y la vigencia de la autorización será de diez años, con un refrendo anual ante el Instituto.
Además, las unidades de Uber tendrán prohibido cobrar en efectivo, con lo que el diputado panista afirmó que se garantiza que su servicio es distinto del de los taxistas, brindando alternativas para la ciudadanía.
También como parte de la ley es la creación de un comité especial para la entrega de concesiones, un padrón estatal de todas estas, con la posibilidad de revocarlas si lo amerita, un nuevo Instituto Estatal de Movilidad, que instrumentará planes estratégicos para reducir tiempos de traslado, entre otros temas.
Cabe destacar que arribaron al pleno del Congreso unos 40 taxistas, aunque hasta el momento se mantienen en actitud pacífica.
Otros puntos de la propuesta de Ley de Movilidad
De acuerdo con los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PES, PANAL, así como los dos diputados independientes en el Congreso del estado, la iniciativa para la creación de la nueva Ley de Movilidad de Quintana Roo busca una actualización y modernización en esta materia y comprende la creación de un instituto el cual será el eje rector para la planeación y la formulación de políticas y acciones en materia de movilidad.
En la iniciativa, que fue turnada a comisiones se busca emprender una transformación del sector de movilidad en Quintana Roo, el reordenamiento en el tema de vialidades y la formulación de planes y propuestas de acuerdo a las necesidades de cada región y municipio del estado.
En la sesión número 25, presidida por el diputado Fernando Levín Zelaya, se dio lectura a la iniciativa que está integrada por 183 artículos en cuyos capítulos se desarrollan temas como los principios que rigen a la movilidad en donde la jerarquización será básica, pues se priorizará al peatón, posteriormente a los ciclistas y en tercer lugar a automovilistas. Además, se buscará impulsar políticas de protección al medio ambiente y al sano desarrollo urbano de las ciudades.
También se impulsarán principios para el reordenamiento vial, la planeación de nuevas vías de comunicación, la proyección de rutas alternativas entre las comunidades y se tendrá como principio básico el derecho a la movilidad como un derecho humano.
En la iniciativa presentada se pretenden definir y precisar las condiciones y requerimientos para contar con sistemas de transporte público y privado regulados, vigilados y, en caso de ser necesario, eliminados de no cumplir con los requisitos legales para ofrecer un servicio eficiente, legal y seguro para la ciudadanía.
La iniciativa de ley presentada por los legisladores reconoce:
“Es necesario dotar de un nuevo esquema que permita el crecimiento ordenado y la prestación de servicios de transporte, con enfoques de movilidad universal, capaces de satisfacer las necesidades de las ciudades y comunidades quintanarroenses, así como de implementar nuevas tecnologías de la información, reducir las externalidades negativas (en temas de medio ambiente), prácticas de gobierno abierto y generar políticas y acciones capaces de garantizar la inclusión efectiva de personas con discapacidad y/o movilidad limitada, así como grupos en situación de vulnerabilidad”.
Con la creación de esta Ley de Movilidad, se abrogaría la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del estado de Quintana Roo. En la propuesta, se crea el Instituto de Movilidad, el cual será responsable de formular propuestas y acciones en la materia para el estado; se establecen las obligaciones concurrentes de los servidores públicos; se definen competencias a través de un catálogo que incluye al titular del Poder Ejecutivo, al propio Instituto, a los municipios, así como a los entes auxiliares.
Otro de los cambios que contiene la propuesta es la inclusión de servicios de transporte público y privado, así como aquellos que se prestan a través de las plataformas digitales. Para ello, al igual que el resto de transporte público, se definen criterios y procedimientos a los que deberán estar sujetos para el otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones y certificados.
En particular, en relación con el servicio prestado a través de plataformas digitales, se fundamenta en el cumplimiento de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 63/2016 en la que se detallan los criterios para la existencia de estos servicios.
La iniciativa fue presentada por los diputados Fernando Levín Zelaya Espinoza, coordinador de la fracción del PAN; Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión; José Esquivel Vargas, coordinador del PRD; Javier Padilla Balam, coordinador del PANAL; Carlos Villanueva Tenorio, coordinador del PES; Raymundo King de la Rosa, coordinador del PRI y los diputados independientes, Juan Carlos Pereyra y Juan Ortiz Vallejo. (Noticaribe)