Con la presentación de la Unidad Estatal para la Protección (UEP), la entidad de enlace y coordinación con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MPPDHP) de la Secretaría de Gobernación (Segó) en Cancún y Chetumal, se confirmó que se duplicarían esfuerzos y sería innecesario y hasta ocioso crear un esquema similar netamente local en Quintana Roo.
Este mecanismo nacional ya otorga protección a 14 defensores de derechos humanos y periodistas, mientras que otros 3 han apostado por otro esquema totalmente local.
Sin embargo, ayer quedó de manifestó que hay un gran vacío, y es la impunidad.
La facultades del MPPDHP no alcanzan para castigar a los agresores. Solo da instrumentos de protección.
De los 14 casos que atiende la MPPDHP, al menos en dos están identificados los agresores, pero no hay quien pueda procurar justicia.
La Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR está hasta la Ciudad de México, sin representación en los estados, mientras la Fiscalía General del Estado no tiene ninguna unidad de atención para tender las agresiones contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Ahora, lo urgente es resolver la impunidad.
