Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Como resultado de la revisión de las 31 solicitudes de juicio político presentadas por el empresario Carlos Mimenza Novelo, la Comisión de Justicia de la Décimo quinta legislatura entregó desde el pasado 22 de noviembre el dictamen correspondiente que considera la procedencia contra 25 ex funcionarios encabezados por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, el ex secretario de Finanzas y Planeación Juan Pablo Guillermo Molina, el ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, algunos ex regidores de Solidaridad, el ex tesorero Alejandro Marrufo Rolsan, el ex presidente de la gran comisión de diputados Pedro Flota Alcocer, así como los ex integrantes de la Comisión de Hacienda en la XIV Legislatura.
El presidente de la Comisión de Justicia, Mario Villanueva Tenorio, explico que en estos momentos corresponde a la gran comisión de diputados determinar en los próximos días la procedencia para determinar la integración de la Comisión Instructora para analizar cada uno de los casos.
Aclaró que esto no significa que se les está haciendo un juicio político porque “se tiene que hacer a través de la Comisión Instructora una valoración de todas las pruebas y valorar si hay elementos que genere una culpabilidad con base en que haya habido afectación al erario público del Estado y emitir sentencia sobre el tiempo en que se le inhabilitaría para desempeñar cargo público o de lo contrario desechar las demandas”.
Villanueva Tenorio señaló que la detención del ex gobernador Roberto Borge Angulo en Panamá es un tema aparte, ya que las solicitudes de juicio político son manifestaciones especificas para inhabilitación, no son juicios para meterlos a la cárcel, no son juicios para generarles acciones en materia de derecho, que les genere la privación de la libertad. Es un tema de tipo administrativo para que no puedan desempeñar un cargo administrativo”.
Aclaró que la revisión de las solicitudes de juicio político interpuesta por Mimenza Novelo llevó tiempo debido a que se tuvo que depurar la lista de 31 personas y determinar quienes cumplían con el requisito establecido por la ley respecto al encargo desempeñado.
La responsabilidad de la comisión de justicia era determinar la procedencia de las solicitudes con base en el cumplimiento de los requisitos y ahora corresponderá a la Gran Comisión de diputados crear una comisión instructora para continuar con la investigaciones, señaló. (Noticaribe)