CHETUMAL, MX.- Isabel Cecilia González Glennie, responsable legal del movimiento “Salvemos Manglar Tajamar”, el abogado de First National Security -empresa encargada de cajas de seguridad en Cancún-, Antonio Sánchez Urrutia, secretario técnico del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y ex director del Periódico Oficial del Estado, Fernando Gama Rodríguez, adscrito a la delegación de Asuntos Contenciosos delegación Naucalpan de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas en los años 2012, 2013 y hasta febrero de 2015, así como Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, fueron designados como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
En lo que fue su tercera sesión, los integrantes de la Comisión Permanente de la Décimo Quinta legislatura -Eduardo Martínez Arcila, Mayuli Martínez Simón, Fernando Zelaya Espinoza, Emiliano Ramos Hernandez, Mario Villanueva Tenorio, Jose Esquivel Vargas y Ramon Padilla aprobaron por unanimidad los nombres que formaron parte de las propuestas enviadas por el gobernador Carlos Joaquín González.
Cuéllar Lavarthe y Gonzalez Glennie permanecerán en el cargo seis años y los tres restantes por un periodo de ocho años.
Aunque la sesión de la Comisión Permanente estaba prevista para las doce del día no fue sino hasta las tres de la tarde que inició con la presentación y lectura de las binas enviadas por el gobernador Carlos Joaquín González para su análisis y determinación.
Las propuestas hechas por el gobernador fueron las de Alfredo Cuéllar Labarthe y Jennifer Marlene Ramírez Reyes en la bina uno; Antonio Sánchez Urrutia y Sergio Avilés Demeneghi; Fernando Gama Rodríguez y Sandra Molina Bermúdez; Isabel Cecilia González Glennie y Cinthya Yamilie Millán Estrella y Carlos Humberto Pereira Vázquez y Mónica de los Ángeles Valencia Díaz.
Tras su elección, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa rindieron la protesta de rigor ante los integrantes de la Comisión Permanente y entrarán en funciones el primer día hábil de enero de 2018.
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es un órgano público autónomo que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción y se encargará de dirimir las controversias entre la administración pública estatal y municipales y los particulares, así como de fincar responsabilidades por afectaciones a la hacienda pública estatal y municipal, o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales.
De acuerdo con los artículos transitorios de su Ley Orgánica, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado quedará instalado para efectos de llevar a cabo su organización y funcionamiento interno administrativo, dentro de los treinta días hábiles posteriores a la designación de los magistrados. (Noticaribe)