Por Rafael Briceño
Explicaron que desde el año pasado son sometidos a presiones psicológicas para ser obligados a renunciar, lo que ha ocasionado problemas de salud para varios de los empleados.
Tras identificarse, señalaron que tanto Moo Arriaga como el administrador Raymundo Avendaño Balam han despedido de manera verbal a por lo menos seis trabajadores afirmándoles que ya no son requeridos sus servicios, pero sin un oficio de por medio ni tampoco un proceso de liquidación de acuerdo con la ley.
Señalaron que han recurrido al departamento de recursos humanos de la Oficialía Mayor donde la única respuesta que les han dado es que desconocen que hayan sido dados de baja y les dicen que continúen asistiendo a su centro de trabajo.
Detallaron que desde las primeras ocasiones que fueron ‘despedidos’ por el administrador Avendaño Balam acudieron a platicar con el entonces secretario de Desarrollo Social, Julian Ricalde Magaña, quien le pidió una explicación al subalterno, quien únicamente se limitó a decir que todo se trató de una mala interpretación, pues lo único que había requerido a los trabajadores era una hoja de servicio.
Sin embargo, después se intensificaron las medidas de presión y acoso tanto por la directora como por el administrador, diciendo que sus servicios no eran requeridos por falta de presupuesto, “aun cuando el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Mayas y Comunidades Indígenas tiene recursos asignados por el Congreso y se ha convertido en lugar para que seis personas cobren sin presentarse a trabajar”.
Explicaron que son presionados por personas que no tienen un nombramiento como es el caso de Víctor Céspedes Reyes, quien se ostenta como subdirector, así como Daniel Cigarroa y Benito Pool Tuz.
Además de que la directora contrató a su hijastro Stalin Bello como su secretario particular. Se hacen cargo del proceso de pago a los dignatarios mayas, pero sin cubrir todos los requisitos de la ley por el desconocimiento, afirmaron.
Los trabajadores inconformes señalaron que el instituto no cuenta con una estructura órganica definida, ya que el organigrama ha sido cambiado por lo menos 50 veces con el paso de tres administradores y funciona sin las subdirecciones correspondientes.
Además que no hay insumos para trabajar con el argumento de que no hay presupuesto y que incluso el personal tiene que poner de su dinero para adquirir incluso el agua que se consume.
Dijeron que en estos momentos son 23 empleados en dicho instituto de los cuales 18 comenzaron a ser objeto de hostigamiento laboral, aunque sólo a seis se les ha despedido de palabra sin que haya un escrito de por medio.
La actitud de la directora y sus allegados dista mucho de los compromisos del gobernador Carlos Joaquín de respetar los derechos de los trabajadores por lo que pidieron la intervención de las autoridades competentes para garantizar el desempeño de sus funciones sin ese tipo de hostigamiento y acoso laboral. (Noticaribe)