CANCÚN, MX.– Los 113 niños que se ampararon en contra del desarrollo en Tajamar tienen interés legítimo, pues tienen derecho a un medio ambiente sano, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hoy, al revocar el sobreseimiento de este recurso por el Cuarto Juzgado de Distrito.

El único requisito es que los menores tendrán que demostrar su residencia en Cancún, algo que no será problema pues la mayoría incluso nació en esta ciudad, explicó Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

Cabe destacar que el permiso ambiental expedido por la Semarnat sobre Tajamar ya fue revocado por decisión del Tribunal Colegiado y la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue atraer únicamente el interés legítimo de los niños a un medio ambiente sano.

Por un lado, esto significa que no existe manera que pueda reactivarse Tajamar, al ni siquiera estar en tela de juicio esta decisión, y quedar rechazada la posibilidad de continuar con el caso a otra instancia.

“Engañaron a la opinión pública los empresarios que afirmaron que la Suprema Corte había atraído el caso para revisar la revocación; eso nunca estuvo en juego”, declaró la ambientalista.

Por otro lado, al darle la razón la SCJN a los menores, se sienta un importante precedente, a nivel nacional, para que niños puedan inconformarse contra situaciones que vulneren su derecho a un medio ambiente sano, tal como se plasma en el Artículo 4 Constitucional.

SIGUIENTES PASOS

Para la presidenta de Gema, lo siguiente será recibir la notificación de la sentencia para presentar los comprobantes de residencia y esperar un dictamen, que tendría que ser en el mismo sentido que el ya otorgado por el Tribunal Colegiado.

“Al no ser posible revivir este proyecto, toca únicamente a la Semarnat resarcir los daños, ya que se comprobó que otorgaron una autorización ambiental ilegal”, alegó la ambientalista.

En cuanto a los inversionistas que compraron lotes en Tajamar, tendrán que arreglar ese problema con Fonatur, que debería devolverles su dinero o bien entregarles otra propiedad.

Cabe aclarar que este litigio deriva de la devastación ecológica ocurrida en 2015, sin consideración hacia los demás procesos e incluso demandas penales interpuestas con posterioridad y que continúan vigentes. (Noticaribe)