CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia contra periodistas que antes se concentraba en algunos estados, en especial los que tenían mayor presencia del crimen organizado, ahora es “generalizada en todo el país”.
Así lo destacó la organización Artículo 19 durante la presentación de su informe anual “Democracia simulada, nada que aplaudir”, y precisó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto “cada año ha sido más violento que el anterior”, con mil 986 agresiones a periodistas.
Sólo el año pasado, dijo, documentó 507 ataques, incluidos 12 asesinatos y una desaparición forzada, lo que coloca a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina.
Tras hacer un llamado al gobierno federal para que garantice el libre ejercicio del periodismo, Artículo 19 detalló que con Peña Nieto aumentaron 2.5 veces las privaciones de libertad.
En promedio se registraron 17 cada año durante la gestión de Felipe Calderón, mientras que con el priista suman 44, puntualizó.
Y sostuvo que el riesgo mayor entre los periodistas que cubren la fuente de seguridad y justicia está en los estados de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Baja California Sur y Guerrero. Sin embargo, agregó, ahora las agresiones están dirigidas también a la fuente de corrupción y política, y en la capital del país es donde se concentra el mayor número de casos.
El discurso oficial “ha culpado una y otra vez” al crimen organizado por la violencia contra la prensa, pero de las mil 986 agresiones ocurridas en los últimos cinco años, sólo 8% fueron responsabilidad de delincuentes y el 48% corresponde a funcionarios públicos, recalcó.
“Al inicio de sexenio, Artículo 19 documentó que 75% de los asesinatos de periodistas eran cometidos presuntamente por integrantes del crimen organizado. Al cierre del sexenio puede identificarse que 21.9% de los asesinatos fueron presuntamente cometidos por integrantes del crimen organizado y 19.5% por funcionarios públicos”.
Además, las agresiones a medios digitales en 2017 superaron a las de los medios impresos con 47.8 y 20.8% de los casos, respectivamente.
Finamente señaló que la publicidad oficial es utilizada como mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales y como herramienta de censura sutil hacia los medios de comunicación.
Según la organización, los recursos de la publicidad gubernamental se ejercen sin control y con cantidades hasta 200% más de lo presupuestado, por lo que propuso crear un ente regulador de la publicidad oficial que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea una Comisión de Vigilancia o un Consejo Nacional el que atienda ese punto. (Fuente: Proceso)
