ROMA.- El Tribunal Supremo de Italia dio vía libre al gobierno para que autorice, en un plazo máximo de 45 días, la extradición de Tomás Yarrington a Estados Unidos.

La medida, que reduce las posibilidades de que el exgobernador de Tamaulipas –acusado de lavar dinero del narcotráfico– sea extraditado a México, encamina a Yarrington hacia una celda en Estados Unidos, país que lo acusa de 11 delitos por sus presuntos negocios con el cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.

De hecho, la decisión se remite a la sentencia número 14941/18 de la Sexta Sección Penal del Tribunal Supremo italiano, emitida tras la audiencia del pasado 26 de febrero y cuyos fundamentos fueron depositados este miércoles. Una sentencia por la cual dicha institución ha dado su visto bueno para que las solicitudes de extradición de Estados Unidos y México sean separadas y sigan caminos distintos, puesto que la primera ha sido autorizada y la segunda no.

Además, los jueces del Tribunal Supremo han rechazado todas las argumentaciones de los abogados de Yarrington contra la petición de extradición presentada por la justicia estadunidense a través de su oficial de enlace, Cristina Posa.

Circunstancia clave

En este contexto, la escisión de las dos peticiones es una circunstancia clave porque, de acuerdo con el artículo 708 del Código de Procedimiento Penal italiano, tras la presentación de los fundamentos de Tribunal Supremo, el ministro de Justicia italiano tiene un plazo límite de 45 días para decidir sobre la solicitud autorizada por los jueces de esa institución, en este caso sólo la estadounidense.

“Que las peticiones de extradición fueran (anteriormente) tratadas en un único procedimiento no impide, considerada la autonomía de cada una, que los procedimientos (ahora) se separen, en consideración del diferente resultado (que ha tenido) el recurso de apelación”, detallaron los jueces del Tribunal Supremo, en referencia a la decisión tomada sobre el recurso presentado por los abogados Luca Marafioti y Giulia Bongiorno, defensores de Yarrington.

“De incumplirse ese plazo de tiempo de 45 días, la persona detenida debe ser puesta en libertad, algo que es altamente improbable que Italia permitirá que ocurra en el caso de Yarrington”, explicó a Apro el fiscal Stefano Opilio, director de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia italiano y responsable del caso del exgobernador tamaulipeco.

“Con ello, el ministro se pronunciará únicamente sobre la petición presentada por Estados Unidos, que es la única que el Tribunal Supremo ha considerado legítima”, argumentó.

“Sin lugar a dudas nos pronunciaremos, y es muy probable que ya tengamos el decreto del ministro a finales de este mes”, añadió Opilio al rechazar que la actual situación de inestabilidad política italiana pueda ser un obstáculo para este procedimiento.

La razón de ello se debe a que es prácticamente imposible que en ese mismo plazo de tiempo (los 45 días) la Corte de Apelación de Florencia, a la que ha sido reenviada la petición de extradición de México, decrete una nueva sentencia sobre la misma y que luego el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta nueva decisión de los jueces florentinos, algo que deja a México –al menos de momento– fuera de juego.

México, rechazado por sus cárceles

Todo ello, aún más que la sentencia 14941/18, ha revelado que la razón por la que los jueces del Tribunal Supremo han decidido rechazar la petición mexicana –que se presentó alegando una única hipótesis de delito: participación en tráfico de drogas– se relaciona con los problemas de violaciones a los derechos humanos en las cárceles mexicanas.

“El escenario, expuesto por ambos recursos (de Marafiori y Bongiorno), se remite a las graves violaciones de derechos humanos que padecen las personas detenidas en las cárceles mexicanas”, se lee en la sentencia de los jueces del Tribunal Supremo a la que Apro tuvo acceso.

Con base en esto, el Tribunal Supremo italiano incluso evitó pronunciarse sobre los otros cuestionamientos de los defensores de Yarrington en relación con la petición mexicana, puesto que consideró como “absorbente” el argumento humanitario.

A partir de ello, el Tribunal Supremo pidió a los jueces florentinos de la Corte de Apelación que efectúen una nueva investigación, más profunda y detallada, sobre las condiciones de detención que Yarrington debería afrontar si es enviado a México; esto, después de que esta circunstancia fuera desechada en la primera sentencia emitida por esa corte el 21 de septiembre de 2017.

“La Corte de Apelación (de Florencia) debe efectuar una investigación precisa, también solicitando nuevas informaciones, con el fin de esclarecer, en concreto, si la persona interesada (Yarrington) será, tras su entrega, sometida a un tratamiento deshumano o degradante”, puntualizó la Sexta Sección del Tribunal Supremo, presidida por el juez Vincenzo Rotundo.

Por el contrario, fueron desestimadas todas las objeciones de los defensores de Yarrington, Luca Marafioti y Giulia Bongiorno, en relación con los 11 cargos de imputación presentados contra el político mexicano por la justicia estadunidense –entre ellos, narcotráfico e ilícitos financieros– y sobre los cuales la Corte de Apelación de Florencia tomó su decisión.

Entre los argumentos rechazados figuran las presuntas faltas del debido requisito de doble incriminación, de “fundamentos razonables” y de testigos fiables y pruebas suficientemente circunstanciadas, que acrediten que Yarrington trabajó para algunos de los más sangrientos cárteles mexicanos, también blanqueando dinero a través de algunas instituciones bancarias en Estados Unidos.

Incluso ha sido repudiada la alegación de que Yarrington pueda ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad alguna de lograr la libertad, y que la sentencia florentina no era aceptable porque no se tradujeron al italiano todos los documentos.

Además, se ha desechado la argumentación por la que Yarrington puede ser enviado a México después de su extradición a Estados Unidos, una circunstancia sobre la cual ambos gobiernos han especulado, pero nunca ha sido formalizada ante Italia. Y sobre la alegación de que Yarrington sea un perseguido político, quedó desestimada anteriormente.

Un historial de altibajos

En este panorama, la incógnita ahora es cómo reaccionará el gobierno mexicano ante esta nueva decisión de la justicia de Italia, país que ha recibido otras dos peticiones de extradición por parte de México en los últimos dos años, según documentación entregada a Apro.

La primera de ellas remite a Giuseppe Viola, un ciudadano italiano acusado de secuestro por el estado de Nayarit. Luego de que el hombre fue capturado en julio de 2016 por las autoridades italianas en el aeropuerto romano de Fiumicino, la petición de extradición avanzada por México fue rechazada por la Cuarta Sección Penal de la Corte de Apelación de Roma el 31 de enero de 2017.

La razón de tal decisión, según la sentencia 9/17 del tribunal romano, se remitió a la situación del sistema penitenciario mexicano, ahogado por el hacinamiento, denuncias de torturas y tratos vejatorios, como han denunciado varios organismos internacionales.

Los jueces italianos también mencionaros el caso de Simone Renda, un italiano que falleció en una cárcel de Playa del Carmen, en Quintana Roo, el 3 de marzo de 2007.

En contraparte, Italia aceptó en octubre pasado la extradición de Jorge Ruiz Figueroa, originario de la Ciudad de México, acusado de fraude, y quien, procedente de Montenegro, debía transitar por Italia en su viaje hasta México. (Fuente: Proceso)