Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Una patente de alcohol fue revocada y otras 10 u 11 están en proceso de cancelación, todas en la zona norte del estado, por darse actos constitutivos de delitos en sus instalaciones, como detonaciones de armas de fuego o heridos, en lo que es el inicio de una política de “tolerancia cero” hacia ilícitos en bares y centros nocturnos.

Jaime Zetina González, subsecretario de Ingresos del Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan), junto con la directora de Patentes, Layla Flores Terrazas, acompañados de personal de la dependencia ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que realizan para regularizar las patentes de restaurantes bares y similares en donde se expenden bebidas alcohólicas.

Esta conferencia se realizó luego de la inconformidad registrada por la clausura, la semana pasada, de dos restaurantes en la plaza comercial Capital Center.

Zetina González afirmó que hay cero tolerancia a la violación de la ley y que no habrá tregua contra la impunidad al tiempo que dijo que no existe revanchismo por parte del actual gobierno “ya que no he visto ninguna declaración del sector empresarial de que se trate de alguna revancha pero se ataca es decir se invita a que se pongan al día con la regularización de sus patentes”.

En sus explicaciones el funcionario ejemplificó las acciones que ocasionan que sean revocadas las licencias de funcionamiento de todos aquellos expendios de bebidas alcohólicas entre las cuales se encuentra la detonación de armas de fuego, homicidio, lesiones, venta de alcohol a menores de edad y ventas de alcohol adulterado.

Se dio a conocer que de las 11 mil 100 licencias para vender bebidas alcohólicas registradas en la Sefiplan un 30 por ciento corresponden a tiendas de autoservicio conocidas como Oxxo, 7 Eleven, Circle K, pero aun cuando se encuentran en lugares cercanos a iglesias o escuelas no se puede proceder contra ellos “porque lesionarían el empleo y la economía familiar de quienes ahí laboran”, reconocieron autoridades de la dependencia estatal.

En términos generales los funcionarios se encuentran analizando varias solicitudes de revocación de patentes cuyo número no precisó y que esta semana darán a conocer.

Cuestionados sobre la clausura de establecimientos como los restaurantes clausurados en Capital Center dijeron que los patrones deben pensar en sus trabajadores y las familias y deben cumplir con sus obligaciones y que apenas el sábado pasado uno de los dos locales clausurados se puso al día y esperan que en breve lo haga el faltante.

Por su parte, la directora de patentes de la SEFIPLAN confirmó quela administración anterior había otorgado 800 licencias de alcohol a menos del 10% de su valor, lo que implicaba un daño patrimonial de casi 300 millones de pesos, y que hasta el momento han logrado recuperar únicamente 15 millones de pesos con este programa de regularización.

Aquellos locales que no estaban en funcionamiento fueron revocados, y aquellos que sí, fueron invitados a regularizarse, pagando la tarifa correcta por su licencia. Únicamente dos no cumplieron, pese a las invitaciones desde hace un año para lo que lo hicieran, por lo que se les clausuró.

Uno de estos dos ya se acercó a las autoridades y ha comenzado su regularización, para que pueda reabrir su local.

Flores Terrazas especificó que, en Othón P. Blanco, hubo 24 a los que se les pidió regularizarse, por lo que se firmaron 20 convenios de pago, en tanto que cuatro pagaron de forma total.

Para la zona norte, hubo 100 de estas patentes irregulares ya en funcionamiento; todas ya están en proceso de regularización.

Los ex funcionarios involucrados en este remate de patentes a precios simbólicos ya son investigados por la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes).

Por último, a pregunta expresa sobre el incumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a las distancias que deben mantener estos expendios o bares, la funcionaria admitió que de las 11 mil 100 licencias en el estado, 30% incumple la ley.

Muchas son tiendas de conveniencia, pero la mayoría son minisupers. Cerrar todos estos locales generaría un problema social, argumentó, por lo que la Procuraduría Fiscal ya trabaja en ver la forma de que se evite dañar la economía de todas estas familias, pero logrando que se respete la ley.(Noticaribe)

 

 

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