Por Enrique Huerta
CANCÚN, MX.- La candidata al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Marybel Villegas, se opuso a la realización de la consulta ciudadana impulsada por el gobernador Carlos Joaquín González para que a ciudadanía determine si se queda o no la plataforma de Uber en Cancún.
Acusó al mandatario de enrarecer pretender desviar la atención y enrarecer el clima electoral, al buscar que la consulta se realice el mismo día que los comicios concurrentes, por lo que pidió hacerla otro día.
“Con lo que se viene a hacer esta consulta es a venir a contaminar este proceso electoral. Lo más importante para hoy los mexicanos, es votar quiénes serán nuestras autoridades; esto es un tema netamente legislativo”.
La aspirante por un escaño para la Cámara Alta incluso acusó a la XV Legislatura del Congreso de Quintana Roo de avalar una Ley de Participación fast track con el objetivo de realizar esta consulta pública para favorecer la entrada de Uber en el estado.
“Sólo nueve días bastaron para que a XV Legislatura realice el estudio de ocho iniciativas de Ley de Participación Ciudadana, presentados por diversos actores de bancadas y 54 propuestas de ciudadanos y organizaciones civiles.
Recordó que el 19 de marzo se presentó la última iniciativa y que nueve días después, el 21 de marzo, se aprobó el dictamen en comisiones y ese mismo día se aprobó en el pleno del Congreso.
Y agregó que el 28 de marzo el gobernador Carlos Joaquín González pidió la consulta ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), que en 10 días atendió y validó la solicitud para que la consulta se realice el mismo día de las elecciones presidenciales y municipales.
“El fast track legislativo me recuerda la misma prisa que se tuvo para aprobar el paquete de impunidad de la pasada administración”.
Señaló que la intención del gobierno estatal es que la ciudadanía resuelva un tema legislativo que se encuentra entrampado en el Congreso desde noviembre, como la nueva Ley de Movilidad y Transporte estatal, y pidió a los partidos políticos en el Legislativo asumir los costos políticos de la aprobación de Uber.
“En vez de hacer una consulta donde le aventemos la responsabilidad a los ciudadanos, por qué no legislamos en el Congreso de una vez. Entremos a la discusión, pero no enturbiemos el proceso electoral.
Dijo que en este afán de legislar a favor de Uber a través de la ciudadanía, el gobierno estatal han incumplido con las formas legales, como la de la ley federal de participación ciudadana, la cual establece que el término para solicitar una consulta popular debe ser 270 días para organizar este ejercicio.
“Con la nueva ley (de participación ciudadana) aprobada en Quintana Roo, sólo bastaron 90 días para preparar todo un proceso de consulta popular”.
Señaló que hora el camino que queda, es que los partidos políticos –o la Comisión Estatal de derechos Humanos o la PGR– impugnen la Ley de Participación Ciudadana estatal antes del 4 de mayo.
“Aclaro que de ninguna manera estoy en contra de que se realice una consulta popular para que se tomen las decisiones por parte del gobierno, ni tampoco estoy en contra de la operación de las plataformas digitales para el transporte público como Uber, pero sí en contra de los albazos legislativos y que no se respeten los tiempos y procedimientos adecuados para garantizar la legalidad”. (Noticaribe)