CANCÚN, MX.- Luego que trascendiera que la Fiscalía General del Estado giró orden de aprehensión contra 34 elementos de la corporación por ser presuntos responsables de tortura en el caso de Héctor Casique, este martes un grupo de trabajadores y personas que dijeron ser familiares de estos agentes realizaron una manifestación en Cancún para exigir la destitución del Fiscal, Miguel Ángel Pech Cen.
Los manifestantes dijeron que no existen “garantías para hacer su trabajo”, además exigir aumento salarial.
Los inconformes se pararon afuera de las oficinas de la Vicefiscalía para la Zona Norte, en esta ciudad, con cartulinas, en las que exigen la renuncia del fiscal, por las órdenes libradas en contra de agentes ministeriales, acusados de tortura en contra de Héctor Casique.
Estas personas, familiares de los acusados, aseveraron que son inocentes de este delito y que se les está castigando por exigir un aumento salarial.
Desde hace semanas, crecía la inconformidad del personal de este organismo, pues argumentan pese a que en el presupuesto de este año se incluyó un incremento salarial, éste no ha sido implementado hasta la fecha, supuestamente por órdenes del fiscal.
Ante la proetesta, la Fiscalía emitió un comunicado en el que niega la existencia de órdenes de aprehensión contra los policías ministeriales señalados en el expediente del caso Casique.
EL CASO CASIQUE, LARGA HISTORIA DE IMPUNIDAD
La historia Héctor Casique comenzó el jueves 14 de marzo de 2013, cuando sujetos armados rafaguearon el bar La Sirenita, que se situaba sobre la Avenida 20 de noviembre en la Región 233 de Cancún y donde ese día se realizaba una reunión entre líderes taxistas con personal del entonces Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad (Infovir).
En el ataque murieron siete personas y dos más resultaron heridas. Entre los fallecidos se encontraba Francisco Achach Castro, -sobrino de la ex alcadesa de Benito Juárez, Magaly Achach Solís- y quien fungía como subsecretario de Conflictos del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”.
Dos días después del atentado, la Policía Turística detuvo la madrugada del sábado 16 de marzo a Héctor Casique Fernández y a Maximiliano Ezequiel Mallán González a las afueras de la discoteca “Mandala” de la zona hotelera.
Al tener conocimiento, la extinta Policía Judicial del Estado (PJE) -hoy Policía Ministerial- dirigida por Arturo Olivares Mendiola atrajo a los presuntos y los vinculó a la multiejecución de La Sirenita.
La antes llamada Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) -hoy Fiscalía General del Estado- a través de su titular Gaspar Armando García Torres, aseveró que la persona identificada con el nombre de Héctor Casique Fernández, alias “El Diablo”, tenía la encomienda de matar a quien en vida respondía con el nombre de Francisco de Asís Achach Castro, alias “La Barbi”, “porque debía dinero al Apá”, quien supuestamente era el jefe de la plaza en Cancún de la organización criminal perteneciente al grupo de Los Zetas.
No obstante, la PGJE omitió un detalle importante en torno a Héctor Casique: el método de la tortura para obtener su declaración.
Al momento de su detención y según consta en las fotografías que difundió la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT), Héctor Casique no tenía ningún rastro de violencia; pero, 24 horas después de ser entregado a la PJE ya lucía golpes evidentes, principalmente en la cara y ojo izquierdo.
Y pese a ello, la Policía Judicial del Estado negó en todo momento la tortura, y hasta el cansancio su ex titular Arturo Olivares Mendiola defendió su accionar y sostuvo una y otra vez que Casique Fernández tuvo participación en el asunto como autor de la masacre, empero, Gabriel Alfaro Pacheco, alias “El Humo” confesó sin empacho haber sido el asesino, e incluso afirmó que su captura junto con cinco sujetos más derivó de que “disparaba como Rambo”.
Tras pasar 3 años y 6 meses recluido en la cárcel, el 24 de septiembre de 2016 un juez dictó auto de libertad por falta de elementos en su contra, y en esta ocasión sí fue definitiva, pues antes, el 10 de marzo de 2014, fue liberado mediante un amparo, sin embargo, fue reaprehendido cuando salía del Cereso de Chetumal y sometido a un nuevo proceso penal en Cancún, con las mismas acusaciones, pero con un nuevo testigo que resultó ser otro de los presuntos sicarios.
El 30 de marzo de 2017, en cumplimento de la recomendación 017/2015-II de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la vicefiscal Rosaura Villanueva Arzápalo ofreció una disculpa pública a Héctor Casique y Maximiliano Ezequiel Millán González.
Sin embargo, tanto Héctor Casique como su madre Yaskade Fernández manifestaron su desacuerdo en los términos de esta disculpa, que calificaron de “ridícula”, e igual cuestionaron que no acudió a este acto, celebrado en la Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdhqroo) en Cancún, el titular de la FGE, Miguel Ángel Pech Cen.
Pero sobre todo exigieron que la FGE proceda contra los 43 agentes de la Policía Judicial y del Ministerio Público (MP) que sometieron a tortura a Casique, tras ser detenido junto con Millán González, en la zona hotelera el 16 de marzo de 2013 y presentados al día siguiente como participantes del multihomicidio.
En lo que fue su última entrevista con los reporteros, Héctor Casique destacó que esos 43 agentes siguen en la plantilla laboral de la FGE y advirtió que el Fiscal Miguel Ángel Pech Cen estaría incurriendo en desacato al no vincular a proceso a los agentes torturadores.
Héctor Casique Fernández y un acompañante, Oscar Damasco Contreras, fueron ejecutados en junio de 2017 en un restaurante de mariscos aledaño a la delegación de Alfredo V. Bonfil. La madre de éste, Yazkade Fernández, acusó de su muerte a los ‘judiciales’.(Noticaribe)
