A pesar del rechazo de organizaciones sociales, periodistas y de la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), ese bloque de senadores quiere aprobar cuanto antes la llamada #LeyChayote, que avala el uso de los recursos públicos para premiar o castigar a la prensa, según su línea editorial.
El dictamen de ley quedó pendiente el pasado jueves en el Senado luego del empate registrado en las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, además del voto en contra en la Comisión de Estudios Legislativos.
La votación se suspendió porque la ley propuesta no cumple con el mandato de Suprema Corte, es un mera formalización y simulación para que los legisladores no caigan en desacato, aseguró el colectivo de más de cien organizaciones civiles y periodistas #MediosLibres.
El PRI y el Verde quieren pasar la ley tal cual la aprobó la Cámara de Diputados, donde esos partidos y Nueva Alianza (Panal) hicieron mayoría para legalizar el uso discrecional de la publicidad oficial, desecharon las iniciativas de otros partidos y desoyeron las propuestas de las organizaciones sociales.
La ley enviada por la Cámara de Diputados concentra aún más las decisiones en la Secretaría de Gobernación, incentiva el uso proselitista de la publicad oficial y mantiene la ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos, de acuerdo con el colectivo.
Previo a que la discusión se retome en el Senado, #MediosLibres recordó que el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, criticó la propuesta de ley porque la Corte “no pide la formalización del statu quo: exige un cambio”, además de que la propuesta legaliza lo que la propia SCJN consideró como una “restricción indirecta a la libre expresión”.
La iniciativa tampoco retoma el decálogo propuesto por el colectivo ni los criterios internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una copia de la impulsada por el PRI en la Cámara de Diputados, señaló #MediosLibres.
Las organizaciones sociales y periodistas advirtieron a los senadores que, de aprobar la ley tal como está, desperdiciarían una oportunidad histórica y sería un retroceso para el derecho a la información y a la libertad de expresión en México. (Proceso)