MÉRIDA, MX.- El Gobierno del Estado de Yucatán rechazó las afirmaciones de Joaquín Díaz Mena, candidato a la gubernatura de la entidad por la alianza “Juntos haremos historia”, referente a que la entidad se encuentra denunciada penalmente por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al respecto, el Gobierno del Estado emitió un comunicado en el que hizo las siguientes observaciones:
Las declaraciones, en las que se utiliza información relativa a la auditoría número 1135, se señala que dicho proceso se realiza desde mayo de 2017, por presuntos desvíos de recursos públicos por más de 33 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones de Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF), por el periodo 2014, fueron hechas sin sustento, con la única finalidad de crear confusión en la ciudadanía yucateca, en relación a la actual administración del Estado.
Las observaciones emitidas por la ASF, del fondo FAFEF 2014, fueron atendidas oportunamente y enviada su solventación en tiempo y forma a la misma ASF, reiterando que de ellas no se desprende denuncia penal alguna.
El Gobierno del Estado siempre ha dado puntual seguimiento a las observaciones emitidas por entes de fiscalización como lo son la ASF, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria Superior del Estado de Yucatán (ASEY) durante esta administración.
Actualmente el Gobierno del Estado no se encuentra denunciado penalmente por ninguno de los antes mencionados. Por el contrario, siempre ha sido reconocido por la ASF como una de las cinco entidades del país con mejor aprovechamiento del gasto federal aplicando los recursos que le son asignados conforme a las reglas de operación de los fondos federales.
Por lo anterior, las afirmaciones de Díaz Mena fueron vertidas en contrasentido careciendo de toda veracidad y sustento legal o documental alguno.
En ese sentido, el Ejecutivo del estado reitera su invitación a la ciudadanía yucateca a no dejarse llevar por este tipo de notas y declaraciones que buscan generar confusión y refrenda su compromiso de garantizar un correcto y eficaz ejercicio de los recursos públicos.
