El Parque Nacional Tulum fue decretado en abril de 1981, en una época en que Cancún estaba despegando y el turismo que llegaba a Tulum era escaso. Uno podría pensar que el decreto fue oportuno para proteger los vestigios arqueológicos y resguardar varios kilómetros de playa, que quedarían vírgenes y destinados a la conservación y al disfrute de los mexicanos. Pero el proceso de este decreto y de la gestión posterior del Parque muestran que estos no eran, ni de lejos, los objetivos.
Según testimonios orales, a finales de los años setentas, el dueño original del predio, el Dr. Jorge Portilla, fue asediado por el presidente López Portillo, quien tenía interés de comprar esas tierras, seguramente apercibido de la plusvalía que se generaría en los años venideros, dado el desarrollo turístico planeado para la región. El Dr. Portilla no quiso vender y entonces López Portillo ordenó el decreto del Parque, un decreto expropiatorio.
¿Ustedes pueden creer que un presidente mexicano haya actuado con tal autoritarismo vengativo? El decreto fue publicado pero, primer acto fallido, la expropiación nunca se ejecutó, quizá porque el presidente JLP, reencarnación de Quetzalcóatl (según declaración autobiográfica), terminó su mandato un año después y ya no tuvo tiempo de completar su fechoría. De allí en adelante, el Parque entrará en una espiral kafkiana de la que no ha salido aún. Para empezar, el polígono del predio fue mal trazado, de forma que parte de la propiedad aparecía ubicada en el mar. Además, el cintillo del decreto decía, equívocamente, Felipe Carrillo Puerto mientras el predio se ubicaba, al momento del decreto, en el municipio de Cozumel. Y también, uno no puede dejar de considerar que si hubiera sido un decreto pensado para la conservación era inevitable incorporar el área del cenote manatí, adyacente al actual Parque, dado el ecosistema tan peculiar de esa área.
Remontándonos a la historia, el predio funcionó, de acuerdo a testimonios orales (recogidos entre ancianos mayas de Tulum), como rancho ganadero entre 1947 y 1980. Los pobladores originales de Tulum recuerdan este rancho como un lugar de opresión y mal trato para los trabajadores.
Con estos antecedentes y bajo la presión del creciente desarrollo del turismo, la existencia del Parque se limitó a un decreto a medias y unas coordenadas erráticas, mientras el dueño fraccionó y vendió parte de la tierra y un conjunto de hoteles se fueron estableciendo en el lugar. Uno no se explica que estas operaciones de compra-venta y las construcciones de hoteles se hayan dado sin la complicidad del gobierno, al menos del gobierno municipal, primero de Cozumel y luego de Solidaridad y de Tulum. Uno no se explica que la autoridad responsable de las áreas naturales protegidas no haya previsto que el Parque estaría sujeto a una fuerte presión por el desarrollo y que su privilegiada ubicación y hermosas playas serían codiciadas por propios y extraños. Pero no sólo eso, esa autoridad estuvo ausente por largos años.
Para sumar un elemento surrealista más a esta atropellada gestión a la mexicana, sobre el decreto del Parque hubo otro decreto, ahora impulsado por el INAH, ya que se encontraron vestigios arqueológicos que se extendían desde la ciudad amurallada hasta Tankah, lo que indicaba que, quizá, la antigua Zamá fue, en algún momento de su historia, una enorme ciudad costera. El decreto de la Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tankah se publicó en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 1993, pero el INAH tampoco pareció darle prioridad a la vigilancia del área para impedir el establecimiento de infraestructura turística.
En el 2004, si no mal recuerdo, se iniciaron los trabajos para elaborar el Programa de Desarrollo Urbano de Tulum (PDU). Para los académicos y las ONGs participantes fue una sorpresa que, en el modelo propuesto por el consultor y apoyado por los gobiernos municipal y estatal, el Parque Nacional aparecía como parte del polígono urbano y con densidades para su desarrollo turístico. Uno de los argumentos de los promotores de este atropello fue que ya había hoteles en el Parque y que era mejor legalizar su situación y abrir al desarrollo un Parque que sólo existía en un papel. Es decir, regularizar todo el abandono y la indolencia, el atropello de las leyes, la complicidad de autoridades corruptas. Se trataba, pues, de legalizar todas esas infamias. Afortunadamente, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) se opuso y esto generó una controversia constitucional que, finalmente, la Suprema Corte falló a favor del gobierno federal, representado por la CONANP.
Fue en ese contexto que, por fin, la CONANP nombró un director del área y estableció el plan de manejo del Parque, el cual se publicó en 2007. Lo que resulta lamentable es que, contando con una unidad administrativa y con la ratificación de la Suprema Corte, el Parque sigue dando cabida a nuevos desarrollos hoteleros, cuando lo que debían impulsar la CONANP y el INAH es frenar todo nuevo desarrollo y promover la demolición de la infraestructura establecida de forma ilegal.
