Por Enrique Huerta

Raúl Fernández León, delegado en Quintana Roo de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos

CANCÚN, MX.- La Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos acusó al fiscal del estado, Miguel Ángel Pech, de persecución, por atender un caso de abuso policiaco y denunciar a una directora de esa dependencia por usurpación de funciones.

Raúl Fernández, abogado y miembro de esta organización, refirió que por esos motivos, la Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/0223472017 a él y sus compañeros, lo que los ha obligado a buscar la protección de los juzgados y de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El primer caso, refirió el entrevistado, es sobre el despojo de un restaurante y un club de playa, ubicados en Puerto Morelos, propiedad de Leonor Méndez, quien fuera arrebatada de sus propiedades por el exdirector de la Policía Ministerial, Jesús Cristóbal Mena Paullada, quien en 2014 ejecutó un despojo sin orden judicial, pese a que tenía permiso de la Secretaría de Medio Ambiente federal (Semarnat) en 2008 por 15 años. 

En el segundo caso, denunciaron por usurpación de funciones a Alejandra del Carmen Vázquez Luna, quien ocupa la Dirección Jurídica de Vinculación, quien ocupa el cargo pese a que no tiene cédula profesional como lo exige la ley. 

Sin embargo, continuó Fernández, por órdenes del fiscal Miguel Ángel Pech, la propia Vázquez Luna fue designada de llevar el caso. “O sea, va a ser juez y parte, lo que viola totalmente el debido proceso”. 

Pero no es la única alta funcionaria de la Fiscalía que está en esa misma situación, subrayó el abogado, pues posteriormente descubrieron que la directora de Profesionalización de la Fiscalía de la Zona Norte, Gabriela Berenice Peña González, también carece de dicho documento.

Según Raúl Fernández, por ventilar ambos casos, la Fiscalía les abrió una carpeta de investigación FGE/QR/BJ/0223472017 a los integrantes de esta ONG, lo que los ha obligado a buscar un amparo, el cual fue concedido el 8 de mayo.

“Nos amparamos en contra del fiscal, de todo lo que es la Vicefiscalía de la Zona Norte, contra el director de Investigación. Esto está sucediendo porque hemos estado ventilando todos los actos de corrupción que hay al interior de la Fiscalía”

Asimismo, indicó que también tramitó protección federal con la Secretaría de Gobernación, para proteger su integridad y la de los miembros de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos.

“Por eso, hago responsable de lo que me pase a mí y a los miembros de la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones de Derechos Humanos al fiscal Miguel Ángel Pech, a Jesús Mena Paullada y a los elementos de la Fiscalía”. (Noticaribe)

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