Por Rafael Briceño
CHETUMAL, MX.- Desde enero a la fecha, el Tribunal de Justicia Administrativa ha recibido más de 100 demandas en contra de funcionarios sobre justicia administrativa y fiscal, y de responsabilidad por incurrir en actos graves contra la ley. La magistrada de este órgano, que inició funciones desde los primeros días de enero, Mónica de los Ángeles Valencia Díaz explicó que se ha señalado como responsables a los órganos del Poder Ejecutivo y otros en contra de la Secretaría de la Contraloría del Estado, así como contra las autoridades de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez y Cozumel por la aplicación de cobros.
El pasado 29 de mayo, el Tribunal de Justicia Administrativa resolvió el incidente de suspensión presentado por la defensa del ex gobernador Roberto Borge Angulo en torno al expediente 40/2018-SU1-I-INC, cuyo acuerdo no se ha dado a conocer por la reserva de la información.
En estrados del Tribunal de Justicia Administrativa, se encuentra un incidente de suspensión promovido por la defensa de Borge Angulo en contra de la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), derivado de una sanción administrativa en su contra, por supuestas irregularidades en el procedimiento.
También los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, revisan un recurso promovido por la ex directora del IPAE, Claudia Romanillos Villanueva en contra de la recaudadora de rentas y otro interpuesto por el ex secretario de la gestión pública, Gonzalo Herrera Castilla contra la coordinación de situación patrimonial.
En estrados, también se encuentra un juicio promovido por Julio Abner Herrera López, ex director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable en contra de la Secretaría de la Contraloria.
Valencia Diaz aclaró que cada una de las salas que atienden los casos cuentan con plena autonomía, pero le dan seguimiento a dichos asuntos. (Noticaribe)
