Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- La inexactitud en algunos puntos que integran el contrato de arrendamiento por 2 mil 900 millones de pesos son elementos que se deben aclarar para evitar el mal manejo de los recursos, señalaron integrantes del Observatorio Legislativo.
Luego de que se aprobara la iniciativa con proyecto de decreto por parte del Ejecutivo del estado solicitando la autorización para la celebración de contratos de arrendamiento para equipamiento y tecnología en materia de seguridad pública, Eduardo Galaviz, representante de dicho organismo presentó una lista de puntos a tratar, destacando:
“Que no se señala como referente normativo a la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y Municipios, misma que establece reglas que se deben de cumplir, suponemos que esto es por considerar que al ser un arrendamiento puro no debe considerarse esta normatividad, pero debemos considerar que la SHCP pueda hacer alguna observación”, indicó.
Agregó que en principio el monto solicitado está en los niveles superiores a los 100 millones de unidades de medida “UDI”, por lo que puede caer en los supuestos que en diferentes artículos de la citada ley establece.
Aclarando que cualquier financiamiento que se contrate es una deuda pública, por lo que se debe de considerar que sí se está incrementando los niveles de deuda pública del estado.
Además de que la Ley de Disciplina Financiera precisa que el arrendamiento es un financiamiento y de acuerdo a los criterios contables se debe evaluar el proyecto de contrato para ver la correcta clasificación de la operación de arrendamiento, evaluarse si es un arrendamiento capitalizable, además de los conceptos señalados en el decreto.
Al contratarse este tipo de financiamiento se está obligado a contratarlo en las mejores condiciones del mercado y que deberá inscribirse en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda, entre otros puntos.
“Es importante reconocer que se requiere de propuestas de gran magnitud para enfrentar los retos de la seguridad pública en el estado, ya que sabemos que los problemas en este campo se han acentuado e incrementado. Es por ello que se requieren proyectos que estén orientados a ofrecer soluciones a estos problemas. Importante también que los procesos financieros y de contrataciones se den apegados a la normatividad y transparencia que se obliga y la ciudadanía exige”, agregaron.
Finalmente señaló que se mantendrán pendientes de los procedimientos de esta autorización, para saber en qué criterios se ubica y la opinión de la SHCP respecto a la consideración de estas contrataciones.
“Lo que sí es una observación importante es saber que el procedimiento de selección, contratación y definición de tecnología se dé con total transparencia”, puntualizó. (Noticaribe)
