Por Gonzalo Zapata
CANCÚN, MX.- El empresario y activista Tulio Arroyo Marroquín aseguró que el ayuntamiento de Benito Juárez cumplió tres años en desacato, desde la administración de Paul Michel Carrillo de Cáceres, y ahora con Remberto Estrada Barba, al no ordenar el desalojo de una capilla en la Región 200.
En conferencia, dijo que se trata de un terreno donde con palos, láminas y lonas se levantó la capilla San Pablo Apostol, y acusó a autoridades municipales de apadrinar el despojo de predios de uso urbano y común en las regiones 100, 200, 300 por parte de la Iglesia católica.
“Hay una sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación no cumplida en el juicio de amparo 940/2016, que se ganó con un recurso legal ante el segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que obligaba a instaurar un proceso administrativo para liberar el predio público invadido con una capilla auspiciada por la Prelatura Cancún-Chetumal”, precisó.
Comentó que el recurso legal fue interpuesto por los vecinos de la Región 200, del fraccionamiento Haciendas del Caribe, para eliminar la capilla que invade un predio público.
El amparo, añadió, se ganó tras una lucha muy larga con el Poder Judicial, que se llevó casi dos años, y la sentencia ya estaba desde finales de 2016.
“Es decir, contra ambos ayuntamientos –el de Paul Carrillo y el de Remberto Estrada– y hubo necesidad de recurrir tres veces al colegiado para inconformarnos con la sentencia que pretendían cumplir de forma irregular”, señaló el presidente de la asociación civil “Ombligo Verde”.
También incriminó a la actual síndico de Benito Juárez, Mirna Karina Martínez Jara; al director de Desarrollo Urbano, Jorge Federico Hammeken Arana y a todo el cabildo porque como órgano jerárquico respaldó el despojo.
“Están en desacato después que se inició un procedimiento llamado incidente de inejecución de sentencia y no hay manera de que se escapen: la juez tercero de distrito, Ana María Nava Ortega, dio la notificación el pasado 28 de abril y tocará al segundo Tribunal Colegiado porque es el que conoce, concretamente el magistrado José Ángel Máttar Oliva.”
Recordó que el magistrado fue quien emitió la sentencia que las autoridades municipales se han resistido a cumplir, por lo que “están en desacato, reiteró para agregar que “los funcionarios ya citados y todo el cabildo deben ser inhabilitados y consignados a una autoridad penal”.
Tulio Arroyo aseguró que se trata de los Legionarios de Cristo, encabezados por Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, quien “ha azuzado a los feligreses a apoderarse de más de 150 predios de uso urbano y común en varias partes de la ciudad, sobre todo en las regiones 100, 200, 300”. (Noticaribe)
